El Barrio del Aeropuerto vive con miedo. Sus vecinos aseguran que la llegada de nuevos okupas al edificio de la calle Traspaderne ha convertido una zona hasta ahora tranquila en un foco de inseguridad. Hablan de motos y ventanas quemadas, atracos a comercios, peleas constantes, objetos arrojados desde el inmueble, amenazas e intimidaciones a menores. "Esto era un barrio tranquilo, pero la seguridad se ha perdido", lamentaba una de las residentes más veteranas a Libertad Digital.
Entre los más de 250 vecinos que se congregaron ayer frente al edificio, las familias insisten en que no es la okupación en sí lo que les preocupa, sino la violencia de los últimos meses. Según relatan, los incidentes violentos se han multiplicado sin razón porque "el barrio nunca se ha metido con ellos".
Respecto a su procedencia, creen que los recién llegados podrían venir de las terminales del aeropuerto de Barajas, desalojadas por el Gobierno al servir de refugio para cientos de personas sin hogar. También del "hotel okupa Lola Flores", donde la guerra abierta entre sus "inquilinos" se ha saldado en los últimos meses con varios asesinatos. Para los vecinos, la decisión del Ejecutivo de cerrar la T4 de noche no ha hecho más que agravar la situación: "La solución no es trasladar los problemas de un barrio a otro", se queja una señora.
En el otro lado, los jóvenes del barrio describen como ahora basta con sentarse en un banco para estar en alerta permanente. "Los altercados se crean sobre todo entre ellos, que se pasan todos los días peleándose y luego, al estar tan calientes, salen a las calles donde no queremos que estén y provocan a los vecinos", cuenta una del grupo.
El relato se repite entre la mayoría de los entrevistados por este diario: hablan de okupas que se encaran con cualquiera, de punzones escondidos en bancos o palos preparados "por si hay movida con alguien del barrio". Un vecino que lleva tres años en la zona, recuerda que hasta hace poco era "el barrio más tranquilo" en el que había vivido; desde la llegada de los últimos okupas, sin embargo, se han multiplicado los robos y hasta "cosas más serias", entre las que menciona que "han intentado llevarse a niñas".
"De noche es mejor no salir", resume una madre con hijos. "Se lían a beber, se vuelven locos y salen por aquí y la lían. Dejan en sitios estratégicos armas para usarlas contra nosotros", coincide otro hombre.
La sensación de abandono por parte de las instituciones también es unánime. Los vecinos recuerdan que junto al edificio se encuentran tanto un cuartel de la Policía Municipal como otro de la Guardia Civil, lo que hace aún más incomprensible que los problemas se prolonguen. "Un día la Policía se irá y nos dejará con el marrón", advierte uno de los portavoces, convencido de que la respuesta y coordinación entre administraciones se alargará, motivo por el cual "tendremos que echarnos una mano entre nosotros".
Sin embargo, sus denuncias no coinciden con la visión de los propios okupas que durante la protesta colgaron carteles en los que se definen como "personas tranquilas" a las que no se les daba un permiso de trabajo y rechazan que se les trate como "bandidos".
Precisamente fue este mensaje el que encendió a muchos vecinos y, especialmente, a una madre inmigrante que, con pancarta en mano, replicó que mientras ella lleva 17 años madrugando, trabajando y dejando a sus hijos hasta tarde para sacar la familia adelante, "ellos no tienen papeles y reciben más ayuda". "Dicen que tienen necesidad, ¿qué necesidad? ¿Para sus vicios? Eso no es necesidad —añadía con indignación—. Estamos aquí por nuestros hijos".
Ante la falta de soluciones, los residentes han decidido organizarse a través de grupos de WhatsApp para avisarse entre ellos cuando detectan incidentes y proteger, sobre todo, a niños y ancianos. "Nos amenazan de muerte, pero nosotros no vamos armados ni buscamos enfrentamiento", señalaba el impulsor de la iniciativa, que considera que la única salida es "meter toda la presión posible" mientras el Gobierno central no actúe.
Por ahora, la Delegación del Gobierno —que la misma mañana de la protesta se reunió con la asociación vecinal junto a la Policía Nacional— solo ha prometido una aparente coordinación entre administraciones y mayor presencia policial. Una respuesta que no convence a los vecinos, que insisten en que "los problemas de los okupas los tiene que resolver el Gobierno".
Lo que reclaman es claro: recuperar la tranquilidad de forma urgente en un barrio que, hasta hace poco, no tenía conflictos. Ahora, dicen, "vivir aquí se ha vuelto insostenible".