El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida se ha reunido este viernes de forma extraordinaria para denunciar que el Ejecutivo central ha impedido "en la realidad" que los ayuntamientos destinen su superávit a vivienda. En consecuencia, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que amortizará 483 millones de euros de deuda, procedentes del superávit de 2024, por ser "lo que el marco legal vigente nos obliga a hacer".
Tal y como han explicado en rueda de prensa, la pasada semana el Consistorio llevó a la Junta de Gobierno un expediente de amortización que finalmente se retiró al anunciar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que los ayuntamientos podrían dedicar ese dinero a vivienda. "Pero cuando salió el real decreto en el BOE vimos que la letra pequeña no se ajustaba a lo que había dicho y que una vez más nos habían tomado el pelo", ha lamentado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo.
Y es que, en el texto, el Ejecutivo central "obliga" a terminar las inversiones en un año, algo que el Ayuntamiento considera directamente imposible en materia de vivienda. "No hay nadie que pueda hacer una vivienda" en ese tiempo, ha insistido Hidalgo, que ha recordado que "el plazo mínimo de construcción de la misma son 30 meses".
A esta contradicción, han añadido desde el Ayuntamiento, se suma el momento en el que el Gobierno central ha aprobado la norma: en diciembre, cuando ya han ejecutado o programado la amortización de deuda en sus presupuestos. "El 5 de diciembre sacan algo que no se ajusta a las expectativas y que ya no se puede hacer ni por momento ni por la legislación que se ha puesto. Con lo cual, es una falta de respeto", ha criticado la delegada.
El Consistorio ha denunciado también que el Ejecutivo central "no ha hecho caso a los ayuntamientos", que han reclamado durante todo el año —a través de la Federación Española de Municipios e "independientemente del color político"— poder destinar sus ahorros a inversiones de impacto real para los ciudadanos.
Para la vicealcaldesa, Inma Sanz, también presente en la rueda de prensa, todo esto no es más que otro "pago" de Pedro Sánchez "a Junts". Hidalgo, por su parte, ha apuntado en la misma línea al calificarlo como "un peaje más de los que paga el Gobierno a Junts".
El decreto incluye además la transferencia de habilitados nacionales, algo que, según han alertado ambas, "rompe la cohesión territorial" y constituye "una tomadura de pelo". "Sirve única y exclusivamente para tratar de reconducir la situación política que pueda tener el presidente del Gobierno de España con algunos de sus socios", ha afirmado Sanz.
Precisamente esta mañana, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, había criticado que el PP haya votado en contra de la mencionada medida que permite a Almeida usar "más de 480 millones en vivienda, asistencia social o transporte".
Espero que Almeida explique a los madrileños el voto en contra del PP de esta medida que, va a permitir, que el ayuntamiento de Madrid use más de 480 millones en vivienda, asistencia social, transporte …
Cada vez está más claro que el PP gobierna para unos pocos privilegiados. https://t.co/jZNRWxjtOt
— Reyes Maroto (@MarotoReyes) December 11, 2025
Ante esta afirmación, Sanz ha respondido que Maroto "mejor que nadie sabe que no se ejecuta vivienda en un año". "En su ministerio lo único que se ejecutaba rápido eran los negocios de Ábalos, pero el resto se ejecutaba con bastante lentitud y por lo tanto es una broma de mal gusto", ha aseverado.
"Ya está bien de este ninguneo, de este maltrato a los ayuntamientos y sobre todo ya está bien de generar falsas expectativas a los ciudadanos con algo que es absolutamente inviable, como ellos saben", ha zanjado la vicealcaldesa.