Siempre fue un proceso bajo sospecha, más si cabe tras las interferencias desde Moncloa con Pedro Sánchez al frente del operativo. La causa que investiga un presunto fraude a la Hacienda Pública por parte de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, suma un nuevo capítulo con el escrito de defensa que hemos conocido y que eleva una contundente denuncia sobre el procedimiento. El texto aportado sostiene que el mismo no solo carece de base penal, sino que se habría construido vulnerando de forma sistemática derechos fundamentales esenciales en un Estado de derecho: el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el derecho a un proceso justo. En ese marco, los abogados del empresario niegan la existencia de fraude fiscal alguno en los ejercicios de 2020 y 2021 y aseguran que las facturas cuestionadas por la acusación son reales y no simuladas.
Petición de años de cárcel
La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan para González Amador penas que alcanzan los tres años y nueve meses de prisión y una multa cercana a los 450.000 euros, por supuestos delitos de fraude fiscal, falsedad documental, irregularidades contables y pertenencia a grupo criminal. Sin embargo, el escrito de defensa rechaza de plano estas imputaciones y afirma que "los hechos realmente acaecidos no son constitutivos de delito alguno".
El núcleo más grave del alegato no se centra solo en la cuestión tributaria, sino en lo que califica como una desnaturalización del proceso penal desde su origen. La defensa sostiene que la causa estuvo precedida —incluso antes de existir formalmente— por actuaciones ilícitas atribuidas al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, extremo que, según el escrito, habría sido posteriormente sancionado por los tribunales. Todo ello es presentado como prueba de una "perversión de los mecanismos garantes de la legalidad".
En palabras literales del documento, el procedimiento sería "la antítesis del proceso penal justo", al haberse sustituido —siempre según la defensa— las garantías legales por actuaciones de carácter delictivo que habrían contaminado toda la instrucción.
Violación de los derechos fundamentales
Especial relevancia adquiere, en este contexto, la crítica dirigida al Poder Ejecutivo. En el escrito que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, la defensa afirma que los derechos fundamentales de González Amador habrían sido lesionados "por todos los miembros y autoridades del Poder Ejecutivo de forma continuada", citando expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por declaraciones públicas en las que, según el escrito, dio por probada la culpabilidad del empresario antes de sentencia firme. Para los abogados, esas manifestaciones supusieron una quiebra directa del principio de presunción de inocencia. Sánchez afirmó que Ayuso es "pareja de un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda" y "que ha cometido un delito fiscal".
Pese a estos argumentos, el pasado mes de noviembre la Audiencia Provincial de Madrid avaló el procesamiento de González Amador y de otros cuatro empresarios por un presunto fraude de más de 350.000 euros, causa en la que también actúa como acusación popular el PSOE junto a Más Madrid.