
Algunos apelarán al karma. Otros a una fallida (o pésima) estrategia. El caso es que Javier Rodríguez Palacios se ha visto obligado a presentar su dimisión como secretario general del PSOE de Alcalá de Henares tras ser el impulsor de una purga que tenía como objetivo a su número dos, Enrique Nogués. Hace seis días, el nombre de este secretario de Organización se hacía hueco en las portadas de diferentes medios debido a una fotografía suya con una stripper. En este punto es importante la aportación de dos matices. Primero, que la instantánea corresponde a una fiesta privada. Segundo y más importante, este hecho tuvo lugar en 2014, cuando Nogués no era ni cargo orgánico del PSOE ni concejal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Todo esto era conocido por el líder del partido en Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, quien no tuvo ningún reparo en usar la foto (filtración incluida) para intentar terminar con la carrera política de su compañero. Así pues, Rodríguez Palacios impulsó la apertura de un expediente disciplinario alegando un daño reputacional para el partido. Pero las prisas no son buenas consejeras, y la artimaña de este dirigente se le ha vuelto en contra gracias a la reacción de la militancia que ha decidido tomar partido por la versión aportada por el afectado.
La versión de Nogués
Tras la filtración de la fotografía y la apertura del expediente por parte de su líder, el protagonista en cuestión presentó las alegaciones pertinentes defendiendo que la instantánea ya fue utilizada sin éxito por el Partido Popular de Alcalá de Henares durante la campaña de 2023 y que corresponde a una etapa previa a cualquier responsabilidad política. También argumentó que ya en 2023 dio una rueda de prensa para explicar el contexto de la polémica escena, detallando que se produjo durante un concurso celebrado por la Peña El Juglar y que la propia asociación decidió quitar este tipo de acciones tan solo un año después. El dirigente manifestó además su confianza en los órganos de ética del partido y su intención de seguir garantizando los procesos internos en un momento clave para el futuro del socialismo en Alcalá.
Carta de Palacios
Y así llegamos a la noticia de la renuncia. Según adelantó SoydeMadrid, Javier Rodríguez Palacios ha presentado su dimisión ante la contundente reacción de la militancia, que con cerca de 300 firmas ha rechazado la gestión de la crisis interna por parte del ya exsecretario general. Ahora, en una carta remitida a la Secretaría de Organización del PSOE-M, Rodríguez Palacios sostiene que no está dispuesto a seguir en la Comisión Ejecutiva Municipal mientras Nogués permanezca en ella pese a tener un expediente disciplinario abierto. El exalcalde, que gobernó Alcalá durante ocho años, considera incompatible la continuidad del dirigente con la responsabilidad orgánica que ostenta.
La misiva carga duramente contra la situación vivida en los últimos meses en la agrupación socialista complutense, una de las más numerosas de la región. Rodríguez Palacios denuncia un supuesto proceso de "afiliación instrumentalizada", con la incorporación de cerca de 200 militantes en apenas dos semanas, un hecho que califica de excepcional y ajeno a los procedimientos habituales del partido. Cinco días después de que la Ejecutiva pidiera la dimisión de Nogués, y ante la ausencia de medidas cautelares, Rodríguez Palacios concluyó que el funcionamiento normal del órgano era inviable. De ahí su renuncia, que conlleva la creación de una comisión gestora y el cese automático de toda la dirección local, incluido el secretario de Organización.
En la carta, Rodríguez Palacios reafirma su compromiso con Alcalá de Henares y recuerda que en 2023 el PSOE obtuvo el 37,17% de los votos, con más de 35.000 apoyos. Su objetivo, subraya, sigue siendo recuperar la Alcaldía y superar lo que califica como "años nefastos" de gestión de la coalición PP-Vox. Firma ya como exsecretario general y ofrece su colaboración a la gestora que designará el PSOE de Madrid en los próximos días. Mientras tanto, el expediente contra Nogués continúa abierto y está en manos del PSOE-M, que deberá decidir si impone o no una sanción.
