La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado con dureza este miércoles la intención del Gobierno de España de imponer nuevos límites a los precios del alquiler y prorrogar la prohibición de los desahucios. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Tres Cantos, la dirigente autonómica ha calificado de "intervención intolerable" la hoja de ruta de un Ejecutivo que ha tildado de "comunista" y cuyas recetas, asegura, "siempre atentan contra la propiedad y contra la voluntad de los ciudadanos".
Presión de Sumar y deriva "bolivariana"
La reacción de Ayuso se produce después de que Sumar redoblara su presión sobre el ala socialista del gabinete para incluir en el próximo decreto anticrisis —motivado por el conflicto en Irán— la prohibición de desahucios a población vulnerable y la prórroga forzosa de contratos que vencen en 2026 y 2027. Para la presidenta madrileña, estas medidas emanan directamente de ideologías radicales: "Beben de donde beben, de dictaduras bolivarianas y del señor Zapatero", ha sentenciado.
La jefa del Ejecutivo regional ha lamentado que, en lugar de profundizar en la rebaja del IVA y otros impuestos que "están arruinando a los españoles", el Gabinete de Pedro Sánchez opte por "meter la mano en los pisos a todos los ciudadanos". A su juicio, estas "ocurrencias" no son nuevas y sus resultados son predecibles: el colapso de la oferta inmobiliaria.
El impacto en los jóvenes y el mercado
"Ahora no tenemos otra cosa que ultraizquierda en el Gobierno y ocurrencias ultras", ha denunciado Ayuso, subrayando que estas políticas "liberticidas" no resuelven el problema habitacional, sino que lo multiplican. Según su análisis, el intervencionismo termina por "hundir el mercado del alquiler", perjudicando gravemente a los jóvenes y a quienes buscan de verdad una vivienda.
Díaz Ayuso ha concluido su intervención advirtiendo de que el modelo del Gobierno central no busca la prosperidad, sino una "pobreza repartida" para el conjunto de los españoles. La dirigente madrileña ha insistido en que estas medidas no van a resolver "absolutamente nada" y ha reafirmado su compromiso con la libertad de mercado frente a lo que considera un ataque frontal al derecho a la propiedad privada.