L D (Agencias)
Silvio Berlusconi se presentó en la sala principal del Palacio de Justicia de Milán, que se encontraba abarrotada de periodistas, para hablar bajo la fórmula de las "declaraciones espontáneas", que permite exponer su respuesta a la acusación sin interrupciones y sin ser preguntado por la fiscalía o la defensa. La fiscalía acusa al mandatario italiano de haber sobornado a jueces para bloquear en 1985 la venta de la empresa SME al empresario Carlo de Benedetti, lo que permitió que con posterioridad se hiciera con ella un consorcio integrado por su compañía, Fininvest, y las firmas Barilla y Ferrero.
El primer ministro y magnate empresarial ha asegurado públicamente que gracias a su iniciativa de contrarrestar la oferta, la SME, entonces pública, fue vendida por un precio superior al negociado por De Benedetti con la empresa estatal IRI, entonces dirigida por el actual presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi. En el comienzo de su intervención, Berlusconi aseguró que las acusaciones eran "extravagantes" y puso énfasis en que "se impidió un acto contrario al Estado", en alusión a que el consorcio en el que figuraba Fininvest pagó un precio mayor por la privatización de SME, lo que benefició a las arcas públicas.
La declaración de Berlusconi ha estado precedida de una nueva marejada política en Italia, puesto que se ha reabierto el debate acerca de la posibilidad de que determinados cargos del Estado gocen de inmunidad judicial, una figura que en la actualidad no existe en Italia. Asimismo, para caldear el ambiente, el ex ministro de Defensa y colaborador empresarial de Berlusconi, Cesare Previti, fue condenado la semana pasada a once años de prisión por corrupción en un caso en el que el primer ministro declaró como testigo, ya que los hechos estaban vinculados a la gestión de Fininvest.
El primer ministro y magnate empresarial ha asegurado públicamente que gracias a su iniciativa de contrarrestar la oferta, la SME, entonces pública, fue vendida por un precio superior al negociado por De Benedetti con la empresa estatal IRI, entonces dirigida por el actual presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi. En el comienzo de su intervención, Berlusconi aseguró que las acusaciones eran "extravagantes" y puso énfasis en que "se impidió un acto contrario al Estado", en alusión a que el consorcio en el que figuraba Fininvest pagó un precio mayor por la privatización de SME, lo que benefició a las arcas públicas.
La declaración de Berlusconi ha estado precedida de una nueva marejada política en Italia, puesto que se ha reabierto el debate acerca de la posibilidad de que determinados cargos del Estado gocen de inmunidad judicial, una figura que en la actualidad no existe en Italia. Asimismo, para caldear el ambiente, el ex ministro de Defensa y colaborador empresarial de Berlusconi, Cesare Previti, fue condenado la semana pasada a once años de prisión por corrupción en un caso en el que el primer ministro declaró como testigo, ya que los hechos estaban vinculados a la gestión de Fininvest.