LD (Agencias) Unos 350 policías ecuatorianos permanecen resguardando el antiguo edificio que ocupó el Banco Central, convertido en recinto parlamentario tras la crisis política, para impedir la entrada de 57 diputados destituidos por un decreto del Tribunal Supremo Electoral. La medida fue ordenada por el ministro de Gobierno (Interior), Gustavo Larrea, que subrayó la intención del Gobierno del presidente Rafael Correa de hacer respetar con la fuerza pública la decisión del tribunal.
Medios de comunicación locales han indicado que los policías también se han apostado en las afueras de las oficinas de los legisladores destituidos para impedir que vuelvan a ser ocupadas. Mientras, Gloria Gallardo, una de las diputadas separadas de su cargo, anunció que el Congreso sesionará en otro lugar para analizar la resolución de la máxima corte electoral.
Los diputados opositores, que también destituyeron a miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mantienen reuniones en un cerca hotel. Hasta allí han llegado un grupo de seguidores de Correa miembros del izquierdista Movimiento Popular Democrático que los han hostigado con gritos y palos.