L D (EFE)
Elizardo Sánchez, que encabeza la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), explicó que hasta el momento se han documentado de 20 a 30 casos de disidentes que serán enjuiciados entre el jueves y el domingo, y que fueron detenidos a mediados de marzo. En la mayoría de ellos, dijo, los fiscales piden penas que van de los 20 años y a la cadena perpetua, bien bajo delitos tipificados en la llamada Ley 88, conocida como "ley mordaza", o a través del artículo 91 del Código Penal. En ambos casos, explicó, el denominador común es que se trata de delitos contra la seguridad del Estado. Entre los expedientes documentados hasta ahora, apuntó, figuran los del periodista independiente Raúl Rivero, director de Cubapress, para quien el fiscal pide 20 años de prisión.
Aprovechando la guerra de Irak
La fiscalía ha solicitado cadena perpetua para Héctor Palacios, Oswaldo Alfonso y Fabio Ruiz, entre otros, todos ellos miembros del movimiento "Todos Unidos", según confirmó el opositor Vladimiro Roca. También se pedirá condena a perpetuidad para Ricardo González Alfonso, presidente del Sindicato de Periodistas, y para el sindicalista Orlando Fundora, agregó. Según Elizardo Sánchez, los juicios sumarísimos de los que se ha informado a los familiares de los disidentes son "propios de estados de sitio o situaciones de emergencia de guerra". Sánchez se mostró convencido de que la Justicia cubana no tiene pruebas contra ellos, más allá del material incautado en sus domicilios durante los allanamientos que acompañaron a las detenciones, en su mayoría libros, documentación, fotografías y computadoras. Entre los detenidos también figuran numerosos miembros del Movimiento Cristiano Liberación, liderado por Oswaldo Payá. A algunos de ellos se les acusa de una "desajustada conducta social e ideas contrarias al proceso revolucionario", según los expedientes entregados a los abogados por la Justicia.
Contra el Proyceto Varela de democratización de la isla
Ricardo Silva, Leonel Grave de Peralta y José Daniel Ferrer, de la organización que lidera Payá, están acusados de "fomentar, difundir acopiar, y proyectar ideas, proclamas y materiales subversivos tendentes a desestabilizar las bases ideológicas de la revolución". Además, les acusan de "recibir recursos materiales y financieros" de Estados Unidos y de "divulgar y comercializar el sedicioso Proyecto Varela", una iniciativa impulsada por Payá (Premio Sajarov de la UE) para avanzar en la democratización del país, respaldada por 11.020 firmas presentadas al Parlamento cubano en mayo del pasado año.
Asimismo, los documentos acusan a los disidentes de "procurar un cambio esencial" en el sistema socialista a través del uso de "revistas, libros y cintas de vídeo". La ola de detenciones, considerada por la oposición como la "más represiva" de la última década, comenzó con un anuncio oficial el pasado 18 de marzo y ha supuesto, hasta el momento, el arresto de más de 75 disidentes, activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Los familiares de los detenidos recibieron el martes la noticia de la inminencia de los juicios sumarísimos, apenas un día después de que el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, insistiera en que, en este caso, se cumplirán las leyes vigentes. "En el futuro nosotros haremos que nuestras leyes sean respetadas y que la soberanía de la nación sea preservada", dijo el lunes Alarcón. Para frenar esta oleada de detenciones, los disidentes llamaron a la solidaridad internacional y recibieron una respuesta positiva por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y varias organizaciones de derechos humanos.
Aprovechando la guerra de Irak
La fiscalía ha solicitado cadena perpetua para Héctor Palacios, Oswaldo Alfonso y Fabio Ruiz, entre otros, todos ellos miembros del movimiento "Todos Unidos", según confirmó el opositor Vladimiro Roca. También se pedirá condena a perpetuidad para Ricardo González Alfonso, presidente del Sindicato de Periodistas, y para el sindicalista Orlando Fundora, agregó. Según Elizardo Sánchez, los juicios sumarísimos de los que se ha informado a los familiares de los disidentes son "propios de estados de sitio o situaciones de emergencia de guerra". Sánchez se mostró convencido de que la Justicia cubana no tiene pruebas contra ellos, más allá del material incautado en sus domicilios durante los allanamientos que acompañaron a las detenciones, en su mayoría libros, documentación, fotografías y computadoras. Entre los detenidos también figuran numerosos miembros del Movimiento Cristiano Liberación, liderado por Oswaldo Payá. A algunos de ellos se les acusa de una "desajustada conducta social e ideas contrarias al proceso revolucionario", según los expedientes entregados a los abogados por la Justicia.
Contra el Proyceto Varela de democratización de la isla
Ricardo Silva, Leonel Grave de Peralta y José Daniel Ferrer, de la organización que lidera Payá, están acusados de "fomentar, difundir acopiar, y proyectar ideas, proclamas y materiales subversivos tendentes a desestabilizar las bases ideológicas de la revolución". Además, les acusan de "recibir recursos materiales y financieros" de Estados Unidos y de "divulgar y comercializar el sedicioso Proyecto Varela", una iniciativa impulsada por Payá (Premio Sajarov de la UE) para avanzar en la democratización del país, respaldada por 11.020 firmas presentadas al Parlamento cubano en mayo del pasado año.
Asimismo, los documentos acusan a los disidentes de "procurar un cambio esencial" en el sistema socialista a través del uso de "revistas, libros y cintas de vídeo". La ola de detenciones, considerada por la oposición como la "más represiva" de la última década, comenzó con un anuncio oficial el pasado 18 de marzo y ha supuesto, hasta el momento, el arresto de más de 75 disidentes, activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Los familiares de los detenidos recibieron el martes la noticia de la inminencia de los juicios sumarísimos, apenas un día después de que el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, insistiera en que, en este caso, se cumplirán las leyes vigentes. "En el futuro nosotros haremos que nuestras leyes sean respetadas y que la soberanía de la nación sea preservada", dijo el lunes Alarcón. Para frenar esta oleada de detenciones, los disidentes llamaron a la solidaridad internacional y recibieron una respuesta positiva por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y varias organizaciones de derechos humanos.