Así lo anunció el presidente del alto tribunal, Mauricio González Cuervo, quien constató que éste no es un acuerdo simplificado, sino que "involucra nuevas obligaciones del Estado Colombiano, así como una extensión de las adquiridas con anterioridad, por lo que debió se tramitado como un acuerdo internacional". Esto, en palabras del magistrado González, significa que debió ser "sometido a la aprobación del Congreso de la República y revisado posteriormente por la Corte Constitucional".
Para el alto tribunal, el acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos en octubre de 2009 involucra compromisos como autorización para "acceder y utilizar instalaciones militares por personal militar y civil extranjero", "libre circulación de buques, naves, aeronaves y vehículos tácticos extranjeros por el territorio nacional, sin posibilidad de inspección o control por las autoridades nacionales".
Igualmente, autoriza el uso y porte de armas en Colombia "por personal extranjero" y la "extensión de un estatuto de inmunidad y privilegios diplomáticos para contratistas y subcontratistas, así como personas a cargo del personal de los Estados Unidos". Por esos motivos, la Corte decidió, sin cuestionar el contenido del convenio, remitirlo "al presidente de la República para que imparta el trámite constitucional propio de tratados internacionales". Si el Gobierno decide enviar la iniciativa al Congreso, y si es aprobado, el documento volverá a la Corte para que surta nuevamente los controles constitucionales, y si procede, hacer un estudio de fondo del tratado.
La Corte explica que las relaciones de ayuda, "asistencia y cooperación entre Colombia y Estados Unidos podrán regirse por los tratados" firmados con anterioridad al 30 de octubre de 2009, fecha en la que firmaron el convenio militar el entonces canciller colombiano, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield. Así, ningún militar o personal técnico norteamericano que esté en el país debe abandonarlo pues se amparan en otros tratados.
Lo que procede ahora es que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos lo presente ante el Congreso, pero también podría aprovechar para renegociar el contenido con Washington, opción que igualmente le obligaría a pasar el trámite parlamentario.
Cuando se conoció este acuerdo, hace ahora un año, los Gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua criticaron ferozmente la iniciativa al considerarla una amenaza "contra la soberanía y la estabilidad de la región". Fue a partir de ahí que la ONG colombiana Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentó una demanda ante la Corte Constitucional. El Gobierno colombiano siempre sostuvo que este acuerdo no era nuevo, sino una extensión de los convenios suscritos desde 1974 con Estados Unidos.
De acuerdo al texto, los soldados estadounidenses no superarían los 800 en Colombia ni más de 600 contratistas del Pentágono podrían estar en el país, lo que fue autorizado en el año 2000 con el Plan Colombia, una estrategia antidrogas que luego se amplió a la lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia, para la cual el Congreso de Estados Unidos autorizó un desembolso de 46 millones de dólares para su adecuación, era el eje del total de siete instalaciones a las que los militares estadounidenses tendrían acceso mediante el acuerdo. Las bases están en Larandia (departamento de Caquetá), Tolemaida (Tolima); Malambo (Atlántico), Palanquero (Cundinamarca) y Apiay (Meta), Cartagena (Caribe) y Málaga Pacífico.
En respuesta, el Gobierno colombiano acató el fallo del alto tribunal y señaló, a través del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, que "estudiará detalladamente dicha decisión a la luz de las normas del Derecho Internacional, los acuerdos vigentes y las demás normas aplicables". Rivera insistió en "la importancia fundamental de la cooperación entre Colombia y los Estados Unidos" durante décadas "en asuntos de seguridad y defensa, y particularmente en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo".