L D (EFE)
Con 39 votos a favor, 4 en contra y 20 abstenciones, Bélgica sustituirá esta ley de 1993 (modificada en 1999 y 2003) por una nueva norma que limita la competencia de los tribunales belgas. En el futuro, la violaciones graves del derecho internacional humanitario se podrán juzgar en Bélgica si el acusado es belga o tiene su residencia principal en este país o si la víctima es belga o reside en Bélgica, al menos, desde hace tres años desde el momento de los hechos.
Los tribunales belgas serán también competentes en el caso de que Bélgica tenga la obligación de perseguir una violación grave de los derechos humanos para cumplir con sus obligaciones internacionales.
La decisión del Senado ha provocado la inmediata reacción de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que consideran esta medida como un "retroceso en la lucha mundial contra la impunidad", según manifestaron en un comunicado. Esta es la opinión de Amnistía Internacional Bélgica, la asociación pro derechos humanos Human Rights Watch, Abogados Sin Fronteras y la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, entre otras.
Protestas de la ONG
Las ONG remarcaron que la ley inicial de "competencia universal" había convertido a Bélgica en "un modelo en el combate para la Justicia internacional", por lo que indicaron que "es verdaderamente lamentable que Bélgica olvide hoy a las víctimas para las que su sistema judicial representaba una esperanza de justicia". Lamentaron asimismo que "las presiones y amenazas de la administración Bush, unidas a una ausencia total de solidaridad europea sobre este asunto, hayan conseguido provocar tal marcha atrás".
Washington amenazó el pasado junio con bloquear la financiación de la nueva sede de la OTAN en Bruselas en represalia por esa ley, que ha permitido denuncias contra el presidente de EEUU, George W. Bush, y sus más estrechos colaboradores gubernamentales y militares. También ha creado serios deterioros en las relaciones diplomáticas con Israel desde que su primer ministro, Ariel Sharon, fuera denunciado por crímenes de guerra.
La ley recién derogada ha permitido denuncias contra Fidel Castro, Sadam Husein, Yaser Arafat, Laurent Gbagbo, presidente de Costa de Marfil, así como contra el ministro de Exteriores de la República Democrática del Congo, Abdoulaye Yerodia, y mandatarios de Chad, Irán, Marruecos, Camboya y Camerún, entre otros.
Los tribunales belgas serán también competentes en el caso de que Bélgica tenga la obligación de perseguir una violación grave de los derechos humanos para cumplir con sus obligaciones internacionales.
La decisión del Senado ha provocado la inmediata reacción de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que consideran esta medida como un "retroceso en la lucha mundial contra la impunidad", según manifestaron en un comunicado. Esta es la opinión de Amnistía Internacional Bélgica, la asociación pro derechos humanos Human Rights Watch, Abogados Sin Fronteras y la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, entre otras.
Protestas de la ONG
Las ONG remarcaron que la ley inicial de "competencia universal" había convertido a Bélgica en "un modelo en el combate para la Justicia internacional", por lo que indicaron que "es verdaderamente lamentable que Bélgica olvide hoy a las víctimas para las que su sistema judicial representaba una esperanza de justicia". Lamentaron asimismo que "las presiones y amenazas de la administración Bush, unidas a una ausencia total de solidaridad europea sobre este asunto, hayan conseguido provocar tal marcha atrás".
Washington amenazó el pasado junio con bloquear la financiación de la nueva sede de la OTAN en Bruselas en represalia por esa ley, que ha permitido denuncias contra el presidente de EEUU, George W. Bush, y sus más estrechos colaboradores gubernamentales y militares. También ha creado serios deterioros en las relaciones diplomáticas con Israel desde que su primer ministro, Ariel Sharon, fuera denunciado por crímenes de guerra.
La ley recién derogada ha permitido denuncias contra Fidel Castro, Sadam Husein, Yaser Arafat, Laurent Gbagbo, presidente de Costa de Marfil, así como contra el ministro de Exteriores de la República Democrática del Congo, Abdoulaye Yerodia, y mandatarios de Chad, Irán, Marruecos, Camboya y Camerún, entre otros.