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UN ARREPENTIDO APORTARÁ PRUEBAS

Escándalo en Argentina tras descubrirse sobornos a senadores para aprobar una ley

La confirmación de que en las próximas horas un arrepentido aportará a la justicia documentación que prueba el pago de sobornos a senadores argentinos provocó este lunes un duro cruce de acusaciones entre los involucrados en el escándalo.

L D (EFE) Tanto los legisladores implicados como el ex presidente Fernando de la Rúa salieron a refutar las declaraciones de Mario Pontaquarto, quien el pasado viernes reveló que él fue el encargado de entregar dinero a cambio de la aprobación de una ley laboral en abril de 2000.

Pontaquarto, que era secretario parlamentario del Senado cuando ocurrieron los hechos, presentará en los tribunales "un documento" que contiene detalles sobre cómo se repartieron los cinco millones de dólares de soborno, reveló su abogado, Hugo Wortman Jofre.

Por su parte, De la Rúa, que gobernó el país entre 1999 y 2001, volvió a negar que haya tenido alguna vinculación con el caso y rechazó la existencia de una reunión en la Casa de Gobierno en la que supuestamente se negoció el pago de los sobornos.

Reabierto el expediente judicial
 
El testimonio del arrepentido Pontaquarto hizo renacer el expediente judicial por los sobornos, que languidecía después de tres años sin pruebas concluyentes y este lunes volvió a manos del juez Rodolfo Canicoba Corral.
Según el fiscal Eduardo Freiler, que investiga el caso, a partir de las afirmaciones del ex secretario parlamentario del Senado pueden ser citados a prestar declaración indagatoria tanto De la Rúa como otros ex funcionarios de su gobierno supuestamente involucrados en el ilícito.

A raíz de la confesión de Pontaquarto, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, una de las centrales sindicales más importantes del país, exigió al Gobierno que declare la "nulidad lisa y llana" de la ley de reforma laboral. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, aseguró a su vez que "si las cosas están como se presentan", la norma "sí o sí va a tener que ser derogada porque está viciada la voluntad de los legisladores" implicados en el caso.

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