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DECENAS DE FOSAS COMUNES

Expertos forenses de Tailandia examinan cuatrocientos cadáveres víctimas de ejecuciones extrajudiciales

Al menos cuatrocientos cadáveres encontrados en decenas de fosas comunes al sur de Tailandia, están siendo examinados por forenses ante la sospecha de que algunos fueran víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad. El Ministerio del Interior emitió una orden de exhumación. En la zona operan grupos terroristas de corte separatistas que son objeto de una ofensiva militar.

LD (EFE) El Ministerio de Justicia de Tailandia autorizó la exhumación de al menos cuatrocientos cadáveres enterrados en diversas fosas comunes. Se sospecha que las víctimas fueron asesinadas por miembros de las fuerzas de seguridad que están desplegadas en la zona para hacer frente a los grupos terroristas.
 
La prensa local público desde enero la existencia de fosas comunes en un cementerio de la ciudad de Pattani, al sur, y escenario de continuos ataques, atentados y enfrentamientos entre las tropas y militantes de grupos terroristas islámicos de corte separatista.
 
En las tareas de exhumación participan miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en representación de los grupos civiles que acusan a las fuerzas de seguridad tailandesas de secuestrar, torturar y asesinar a algunos de los presuntos insurgentes, cuya desaparición ha sido denunciada por sus familiares.
 
Kraisak Choonhavan, senador y activista defensor de los derechos humanos, apuntó la pasada semana que existían sospechas fundadas de que muchos de los cadáveres son de personas que fueron secuestrados y detenidas por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado durante los últimos dos años.
 
El Gobierno ha rechazado las acusaciones, mientras que el gobernador de Pattani, Panu Athairat, ha insistido en que la mayor parte de los cuerpos son de inmigrantes de las vecinas Camboya y Birmania (Myanmar). Las actividades de "escuadrones de la muerte" con el beneplácito de las autoridades han sido denunciadas también durante la campaña policial emprendida en el 2001 por orden del Gobierno para frenar el tráfico y consumo de droga, que dejó cerca de 2.500 muertos en seis meses.

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