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GUERRA SUCIA EN LA DÉCADA DE LOS SETENTA

Jueces mexicanos abren la posibilidad para el ex presidente Echeverría sea juzgado por genocidio

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han dictaminado que no han prescrito los delitos de genocidio que se le imputan al ex presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez y al ex secretario de Gobernación (Ministerio del Interior) Mario Moya, por lo que podrán ser juzgados en su país. Las dos figuras políticas miembros del Partido Revolucionario Institucional están señalados como responsables de la matanza de estudiantes cometida el diez de junio de 1971.

LD (EFE) Por tres votos a favor y dos en contra, los magistrados de la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han acordado, en una decisión considerada histórica, que se puede juzgar al ex presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y a al ex secretario de Gobernación (Ministerio de Interior) Mario Moya por su presunta responsabilidad en una matanza de estudiantes cometida el diez de junio de 1971 en la capital mexicana.
 
En la misma sesión, los magistrados decidieron que sí prescribió el delito de genocidio imputado a los ex jefes policiales Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, así como a otros siete funcionarios de menor rango incriminados por un fiscal especial junto con el ex mandatario y el ex ministro. Nazar Haro y De la Barreda se enfrentan a otros procesos por la presunta desaparición de decenas de personas durante la llamada "Guerra sucia" desarrollada hace tres décadas en México.
 
La decisión de la Corte Suprema implica devolver al juez la causa para que examine las pruebas aportadas por la Fiscalía y determine la inocencia o culpabilidad de los acusados.
 
El diez de junio de 1971 un grupo de entre 17 y 40 estudiantes que se manifestaban pacíficamente en la Ciudad de México murieron a manos del grupo paramilitar "Los Halcones". En julio de 2004, la Fiscalía Especial solicitó una orden de aprehensión de Echeverría (de 83 años) y de once ex altos funcionarios involucrados en la matanza. Sin embargo, un juez denegó la orden y cerró el caso por considerar que el delito de genocidio había prescrito, por lo que la Fiscalía Especial interpuso el pasado 25 de agosto un recurso de apelación y solicitó la intervención del máximo tribunal mexicano.

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