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¿La muerte de las encuestas en Perú?

En una polémica e insólita decisión, la autoridad electoral peruana quiere que las encuestadoras entreguen los datos de cada uno de los encuestados.

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En cualquier país donde las reglas democráticas siguen un curso relativamente normal, la aparición de encuestas siempre tiene un sabor diferentes según a quién beneficie. En el caso del Perú no es distinto y en las últimas semanas, varias casas encuestadoras han ido arrojando sus diferentes resultados. El máximo beneficiado en el último mes ha sido Alejandro Toledo quien se ha colocado primero en estos estudios, mientras que sus principales competidores, Luis Castañeda Lossio y Keiko Fujimori, se disputan el segundo lugar.

 

Sin embargo, aparte de las quejas de algunos candidatos cuyos resultados en estos estudios no han sido muy halagüeños, el panorama electoral se ha visto remecido por la decisión de la máxima autoridad electoral -el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)- de cambiar las reglas de juego para estas empresas encuestadoras. Entre los nuevos requisitos está la entrega de la base de datos de sus trabajos; es decir, quiere que cada estudio venga acompañado con la identidad de todos los que han sido preguntados: nombres, número de DNI, teléfonos y direcciones. Esto, según su propia explicación, se hace para optimizar la fiscalización de esos estudios y para "verificar el grado de coincidencia, y catalogar la calidad de esta en tres niveles: no confiable, confiable y aceptable". Claro que también apunta que estos datos se mantendrían en total secreto.

 

La reacción de los directores de varias empresas especializadas no se ha hecho esperar. Manuel Torrado, director de CPI, ha apuntado a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) que ya "el JNE cuenta con toda la información necesaria para verificar nuestros sondeos" y que "la medida es inédita a nivel mundial, y no tiene ningún sentido". Por su parte, Alfredo Torres, de Ipsos Apoyo, dijo que con esta disposición "un empleado público tendría temor de manifestar su intención de voto al tener conocimiento que una entidad estatal sabría cual es su preferencia".

 

Por su parte, Fernando Tuesta, del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, señaló al diario La República que "las personas no siempre están dispuestas a ser encuestadas y esta modificación del reglamento va a ocasionar una mayor tasa de rechazo. Creo que el JNE tendría que acompañarnos para verificar los datos". Para él, la autoridad electoral -de la que él mismo fue director hace algunos años, debió consultarle esta medida a las empresas encuestadoras antes de tomar esta medida, que en su opinión es "exagerada y burocrática".

 

A ese mismo diario, el analista político Luis Benavente dijo que el anonimato en estos casos es imprescindible: "No se puede cambiar por decreto. El siguiente paso sería que la cédula de votación se llegue a personalizar tanto que cada votante aparezca con nombre, apellido, voto y huella digital y se acabó el voto secreto y se hace público. Es como obligar a los psicoanalistas a que publiquen los nombres de sus pacientes".

 

Los editoriales en los diarios locales también han hablado sobre el tema. Como ejemplo, el diario El Comercio ha señalado que "aunque resulten incómodas, nos gusten o no sus resultados, las encuestas son necesarias" y apunta que "esperamos que se trate de un exceso de celo del JNE y no de un afán autocrático para amedrentar a la población y perseguir a quienes opinan libremente sobre los políticos, sean estos mandatarios, congresistas o candidatos presidenciales". En caso contrario, cree que "pronto seguiremos las prácticas nefastas de algún país de la región, donde el gobernante se ha entronizado en el poder, en parte, porque controla los organismos electorales y persigue a los que no votan por él".

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