L D (EFE) En un encuentro con diputados federales para explicar los avances del Plan Mérida, un programa de Estados Unidos en apoyo a México y Centroamérica para combatir el crimen organizado, Rico explicó que pese a los operativos organizados en ambos lados de la frontera, el tráfico de armas permanece como un problema porque los funcionarios estadounidenses permiten el tráfico.
"En la desarticulación de grupos de tráfico de armas que hemos visto en el último año, hemos podido constatar el involucramiento en esos grupos de autoridades locales y en algunos casos federales norteamericanas, no nada más aquí tenemos un problema... hay un problema en los dos lados", dijo Rico Ferrat, viceministro para América del Norte de la Cancillería mexicana.
Recordó que un grupo de legisladores estadounidenses solicitó al presidente de ese país, Barack Obama, prohibir la venta de armas de asalto en todos puntos de venta en todo su territorio. "Lo que plantean esos legisladores es que se reactive una iniciativa encaminada a detener la venta indiscriminada de armas de asalto", dijo el funcionario mexicano.
Las declaraciones de Rico Ferrat coinciden con el comienzo de un juicio en Arizona, Estados Unidos, en contra del empresario George Iknadosian acusado de vender más de 600 armas de fuego al cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos en México.
Ante diversos críticas sobre el desarrollo del Plan Mérida, el viceministro explicó que hasta ahora sólo se han entregado 197 millones de dólares. Precisó que el Plan Mérida contempla 37 programas específicos de cooperación , con un grupo binacional encargado de dar seguimiento, por lo que propuso crear una oficina con todo este personal que vigile el cumplimiento del programa completo. Finalmente, aclaró que en México sólo operan 62 agentes de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) y no 200 como se ha mencionado.