LD (EFE) Sindicatos, empresarios, partidos de todas las tendencias, entes estatales, el Gobierno y autoridades regionales y municipales, encabezaron a millones de ciudadanos que salieron a las calles de pueblos y ciudades de Colombia para exigir a las terroristas FARC que entreguen los cadáveres de los once diputados secuestrados muertos el 18 de junio.
La iniciativa fue promovida inicialmente la semana pasada por el Gobernador del Valle del Cauca que la planteó como una protesta por la muerte de los legisladores de esa región que permanecían secuestrados por las FARC desde hace cinco años. Los manifestantes también exigieron que sean entregados los restos de los otros secuestrados fallecidos en cautiverio y cuyos cuerpos permanecen en paradero desconocido.
En una intervención, el presidente Álvaro Uribe insistió en que no habrá "desmilitarización" de dos municipios, como exigen las FARC para negociar un acuerdo humanitario que permita liberar a secuestrados, y dijo hoy que, en vez de despejar territorios, es preciso despejar de terroristas el país.
En cadenas de radio y televisión se describían la multitudinaria participación como "ríos humanos" que pararon todas las actividades cotidianas. El cardenal primado de Colombia, Pedro Rubiano Sáenz, invitó a sus compatriotas a mantener la masiva movilización de solidaridad y pidió explorar nuevos caminos y salidas para buscar la concordia.
Las FARC es una organización que está calificada como grupo terrorista desde hace varios años por EEUU y por la Unión Europea. De los varios centenares de secuestrados apenas 45 son considerados "canjeables" por miembros de su organización presos en cárceles colombianas y estadounidenses. Entre estos últimos formaban parte los diputados, que, según los terroristas perecieron en "un fuego cruzado" en la selva con un grupo armado sin identificar, y que, según el Gobierno, fueron asesinado.