LD (EFE) El ministro de Justicia de Sudán, Mohamed Ali al Murdi, anunció en una rueda de prensa celebrada en Jartum que su gobierno se niega a que sus ciudadanos comparezcan ante el CPI “porque no tiene competencia para juzgar a los sudaneses”.
Estas declaraciones se realizan a falta de un día para que el tribunal internacional anuncié las acusaciones y las pruebas que dispone sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la región sudanesa de Darfur. Mañana martes se espera que la Corte Penal Internacional detalle los nombres de los supuestos responsables de las matanzas; para después ordenar arrestarlos y procesarlos ante la institución.
“Sudán no extraditará a ningún responsable del gobierno, el ejército o de los grupos rebeldes si la CPI lo pide para que sean juzgados en el exterior”. En estos términos se pronunció el ministro, quien hizo una fuerte defensa de la valía de las instituciones locales. “Con su honestidad e idoneidad, (la Justicia sudanesa) es capaz de procesar a todo aquél que halla cometido violaciones a los derechos humanos en Darfur”, confió.
El ministro, también, intentó lanzar un mensaje de transparencia y firmeza a la comunidad internacional, asegurando que “la investigaciones de lo que sucede en Darfur no han cesado por lo que no hay oportunidad para que alguien escape del castigo sea cual fuese su investidura”. Recordó, en este sentido, que el pasado domingo presentó ante un tribunal especial a varios oficiales del ejército y miembros de las milicias gubernamentales acusados de estar implicados en “algunos sucesos ocurridos” en el oeste de Darfur.
En diciembre 2006, el fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo, reveló que el gobierno sudanés había procedido al arresto de la lista de catorce personas acusadas de crímenes de guerra, cuyas pruebas han sido admitidas. La corte internacional investiga desde junio de 2005, a petición del Consejo de Seguridad de la ONU, los presuntos crímenes de guerra cometidos en Darfur.
El conflicto sudanés se inició en febrero del 2003, cuando los grupos rebeldes -el Movimiento por la Justicia y la Igualdad (MJI) y el Movimiento de Liberación de Sudán (MLS)- se alzaron en armas contra Jartum, por la marginación que sufrían por parte del Gobierno islamista, provocando una gran catástrofe humanitaria. Desde entonces, se estima que unos 150.000 sudaneses han muerto, cerca de dos millones han sido desplazados de sus casas, y muchos tuvieron que huir al país vecino, Chad.