L D (Agencias)
El 3 de octubre de 2002, el Letrado Mayor del Consejo de Estado, Miguel Herrero de Miñón –premio Amigo de los Vascos por la Fundación Sabino Arana– se despachó a placer en un artículo publicado en “El País”. Ya entonces defendió los planes separatistas de Ibarretxe “cualquiera que sea su intención final” y atacó de la A a la Z la Ley de Partidos. La calificaba de “criminalización de la discrepancia”. Lógico argumento si se piensa, como él escribe en El País, que “el pueblo vasco es un pueblo con identidad propia”. Conocidos los antecedentes y recordando su labor como asesor del PNV en la investigación jurídica de la autodeterminación, el
padre de la Constitución
ofrece un discurso en unas charlas organizadas por la Universidad del País Vasco y tituladas “Jornadas de estudio de la propuesta del lehendakari”.
Dice que la propuesta del lehendakari "podrá ser discutida políticamente", pero no "tachada de inconstitucional", porque encaja "al 99%" en la Carta Magna. Explica que el plan "promueve una reforma del Estatuto de acuerdo a las previsiones estatutarias", por lo que es "plenamente constitucional".
Advirtió de que "si algo roza la Constitución" es la referencia del documento a un poder judicial autónomo, lo cual "tal vez podría afectar al título Sexto" de la Carta Magna. Es decir, que ni siquiera los supuestos de flagrante ilegalidad son considerados graves por Herrero de Miñón. Recomendó también "no aferrarse a nociones escolásticas como la de soberanía" y consideró "más fácil" compartir este concepto con España o Cataluña que con "instituciones supranacionales tan cercanas y democráticas como el Banco Central Europeo" o con otros estados.
Corcuera, por su parte, destacó que la propuesta de Ibarretxe "ahonda" en la división interna de la sociedad vasca que, a su juicio, provocó el Pacto de Estella, y aseguró que las salidas jurídicas que plantea el documento "son inviables sin una reforma de la Constitución".
Opinó que esta inviabilidad la reconoce el propio lehendakari cuando asegura "que el problema no es jurídico sino político" y que consiste en "aceptar la voluntad de los vascos a ser distintos".
Dice que la propuesta del lehendakari "podrá ser discutida políticamente", pero no "tachada de inconstitucional", porque encaja "al 99%" en la Carta Magna. Explica que el plan "promueve una reforma del Estatuto de acuerdo a las previsiones estatutarias", por lo que es "plenamente constitucional".
Advirtió de que "si algo roza la Constitución" es la referencia del documento a un poder judicial autónomo, lo cual "tal vez podría afectar al título Sexto" de la Carta Magna. Es decir, que ni siquiera los supuestos de flagrante ilegalidad son considerados graves por Herrero de Miñón. Recomendó también "no aferrarse a nociones escolásticas como la de soberanía" y consideró "más fácil" compartir este concepto con España o Cataluña que con "instituciones supranacionales tan cercanas y democráticas como el Banco Central Europeo" o con otros estados.
Corcuera, por su parte, destacó que la propuesta de Ibarretxe "ahonda" en la división interna de la sociedad vasca que, a su juicio, provocó el Pacto de Estella, y aseguró que las salidas jurídicas que plantea el documento "son inviables sin una reforma de la Constitución".
Opinó que esta inviabilidad la reconoce el propio lehendakari cuando asegura "que el problema no es jurídico sino político" y que consiste en "aceptar la voluntad de los vascos a ser distintos".