El Partido Popular cree que el Pacto Antiterrorista con el Ejecutivo reviste de buen estado de salud. Niega, a renglón seguido, que se haya producido un viraje en la estrategia relativa a ETA, y que pasa por estar "muy vigilantes" a fin de que el Gobierno no se salga del camino marcado por el citado acuerdo.
No es habitual que Federico Trillo, responsable de Justicia del PP e interlocutor de Alfredo Pérez Rubalcaba, comparezca ante los medios de comunicación. Sin embargo, los "preocupantes" movimientos observados, y que pasan por la puesta en libertad de etarras sanguinarios, obligaba -a ojos de los populares- a la comparecencia.
Un aviso "a la opinión pública", que no al Gobierno que, según añadió, está haciendo lo que debe. Mentó en este sentido una reunión, avanzada por este diario, el pasado jueves con el titular de Interior, y de la cual salió satisfecho.
La premisa fundamental no ha cambiado: "El PP ha exigido, exige y exigirá al Gobierno que ponga todos los medios a su alcance" para evitar "la presencia de etarras en las instituciones", explicó Trillo, que censuró los últimos requerimientos judiciales, excluyendo a la Fiscalía. "Pide al juez que se aplique la doctrina establecida hasta ahora -sobre la salida de la cárcel de etarras- y eso nos satisface", apuntó.
Por todo ello, y en varias ocasiones, el responsable del área dejó claro que el pacto alcanzado por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en julio de 2008 se mantiene, ya que en él no se incluye lo ocurrido en la anterior legislatura. En otras palabras, el chivatazo a ETA o lo que dicen las actas de ETA que ocurrió en la negociación política.
Trillo se refirió a "determinados hechos" para poner en valor el pacto alcanzado con el Gobierno: la detención de etarras, la Ley de protección de víctimas -que está a punto de ver la luz- y la modificación de la Ley electoral para que ETA no esté en los ayuntamientos. "Defiendo la consistencia de un pacto por escrito y no puedo moverme de ahí", sentenció el diputado nacional.
La otra patata caliente era el cambio de estrategia en el Congreso, escenificada en que Ignacio Gil Lázaro dejó de preguntar a Rubalcaba en la sesión de control por el soplo a los terroristas. Trillo negó que el ministro, "que no es tonto", le hiciera tal petición, y encuadró el viraje a la intención del PP de que se vea que todo el Gobierno está salpicado por el escándalo.
"Ni el ministro me hubiera planteado" tal cosa "ni yo le hubiera tomado en serio", aseguró en respuesta a esRadio. Dejó claro, eso sí, que "el caso Faisán no está cubierto en el Pacto Antiterrorista" ya que "sería una contradicción en su propia raíz".
En cuanto a los gestos que evidenciarían que el Gobierno sigue negociando con ETA, Trilló aseveró no tener "conocimiento" y que "por coherencia" la postura oficial de Génova sigue siendo la de que el Ejecutivo dejó de mantener contactos con la banda asesina en la anterior legislatura. Remató diciendo que espera que Zapatero no caiga en "cantos de sirena" provenientes del PSE e, incluso, del propio Consejo de Ministros.