El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quiso colar más de 250 puestos de libre designación que habían sido judicialmente anulados. Se ha sabido porque el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA) ha recurrido las modificaciones masivas de las Relaciones de Puestos de Trabajo en varias Consejerías.
Estos puestos habían sido anulados en sentencias a favor de las denuncias del SAFJA. La Junta procura no acatar los fallos judiciales y sigue con su política de personal primando la libre designación.
Para evitar esta nueva irregularidad, el SAFJA ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Málaga, contra el Decreto 250/2011 de 19 de julio, por el que se modifica parcialmente y se actualiza la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta, correspondiente a las Consejerías de Gobernación y Justicia, Hacienda y Administración Pública, Economía, Innovación y Ciencia, Obras Públicas y Vivienda, Empleo, Turismo, Comercio y Deporte, para la Igualdad y Bienestar Social, Cultura y Medio Ambiente.
El Decreto en cuestión aglutina, nada más y nada menos, que 255 puestos "a dedo" sin especificar los requisitos para su desempeño y carece de suficiente motivación sobre la preferencia de cobertura de las plazas por el sistema excepcional de la libre designación frente a los sistemas convencionales y ordinarios que prevén las Leyes de Función Pública en la materia -Ley 6/1985 y Decreto 2/2002 de 9 de enero-.
Además, SAFJA ha comprobado que todos y cada uno de los puestos han sido anteriormente anulados en sentencias que han dado la razón al Sindicato.
Estalla así un nuevo escándalo que vuelve a dejar en evidencia la política de personal de la Junta. La Administración intenta colar por todos los medios estos puestos, que a pesar de estar anulados está ocupados, ignorándose la legalidad y los sucesivos fallos judiciales.
Sólo durante este año 2011 se han producido cinco sentencias firmes que consideran normal el concurso oposición como sistema de provisión de puestos y califican de excepcional el recurso a la libre designación. En estos fallos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dice que cuando se considere necesario acudir al sistema de libre designación, "se haga excepcionalmente y justificando, caso por caso, por qué debe utilizarse".
Incluso en ocasiones los magistrados del Supremo han advertido a la Administración que los requisitos mínimos exigidos para este tipo de puestos, altos cargos y de confianza, "no pueden reducirse a lo que el órgano de decisor se forje a la vista del historial profesional de los candidatos o aspirantes, porque se estarían eliminando todos los elementos reglados del ejercicio de la potestad discrecional de la Administración Pública, pudiendo dar lugar a la indeseada arbitrariedad". Es decir, los Tribunales también advierten de la ilegalidad cometida al intentar amoldar el puesto al candidato.
Así pues, según el SAS, el Decreto recurrido no sólo vulnera la normativa en materia de Función Pública, legalidad ordinaria, sino que también supone una actuación arbitraria de la Administración al no determinar los requisitos para el acceso a los PLD ni la motivación de este la elección preferente de sistema de cobertura de las plazas.
Por todo ello, SAFJA ha recurrido el Decreto 250/2011 que es contrario a Derecho, máxime si se considera que la Sala a la que se dirige del TSJA ya se ha pronunciado en casos idénticos al presente anulando los puestos PLD creados, tal y como reflejan numerosas sentencias al respecto.
SAFJA recuerda en su escrito "que el Gobierno andaluz, inmerso en una polémica reordenación plagada de favoritismo, continúe tomando el pelo a los Tribunales, a sus propios trabajadores y la ciudadanía en general. Con este tipo de actuaciones despóticas y utilizando el enchufismo como herramienta básica para trabajar en la Administración, merma los sistemas legales de acceso y la calidad de los servicios públicos.