Joaquín Moya-Angeler, conocido empresario, expresidente de IBM España y del Grupo Leche Pascual, presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía propiciada y financiada por la Junta de Andalucía, accionista de Tagua, la sociedad gestora de capital riesgo que preside Felipe González y miembro del consejo rector de la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía, usó el dinero que recibió del Estado para investigar en construirse un edificio para su empresa que posteriormente alquiló.
Como publicó en exclusiva Libertad Digital el pasado viernes, una de sus empresas, Red Tecnológica de Servicios de Asistencia Sanitaria S.A. (Redsa), recibió del Ministerio de Ciencia e Innovación 4,8 millones de euros para instalarse en el Parque Tecnológico de Málaga. Con ese dinero ha construido un complejo de oficinas y se lo ha alquilado a otra empresa, Indra, para la que trabajó hasta junio de 2010. Además, la Junta de Andalucía le concedió para el mismo fin más de 1,6 millones de euros que, al parecer, no llegó a recibir por incumplir sus objetivos de trasladar su empresa de Madrid a Málaga.
El organismo público que encabezaba la ministra socialista, Cristina Garmendia, concedió a Redsa en noviembre de 2009 un crédito 4.789.870 a interés cero y con un plazo de amortización de quince años. El objeto de la ayuda era la puesta en marcha del "Centro de Innovación de Redsa".
En virtud de la Ley General de Subvenciones, "el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la ayuda durante un periodo que no podrá ser inferior a cinco años".
Sin embargo, Moya-Angeler se construyó un edifico para su empresa privada. En cuanto al alquiler del edificio a otra compañía, es un clamoroso incumplimiento de la obligación de destino. Según aporta hoy ABC, este hecho irregular debería conllevar la enajenación o el gravamen del bien y el reintegro de la ayuda.
Estas subvenciones públicas solo pueden ser utilizadas para que la empresa adjudicataria realice tareas de investigación, desarrollo e innovación, el conocido I+D+i. El préstamo que le concedió el Ministerio va a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
Joaquín Moya ha reconocido a ABC haber alquilado el edificio y se ha mostrado dispuesto a devolver las ayudas: "Soy un empresario limpio y honesto. Tengo intención de ir al Ministerio, sentarme y explicarlo todo. Si tengo que devolver el dinero, incluidos intereses, lo haré".
El socio de Felipe González sostiene que aún no ha devuelto el dinero porque Indra "todavía no ha ocupado el edificio", pero, tras la insistencia de este diario, reconoce que el inmueble está alquilado desde el año pasado. De hecho, Indra está terminando de amueblarlo para instalarse de forma inminente.
El empresario mantiene que le ha pasado factura la crisis y por eso alquiló la mayor parte del inmueble: "pedimos las ayudas en 2008, cuando las cosas iban mejor. Ahora estamos dándole vueltas a qué hacemos".
La construcción consta de dos edificios que suman 4.000 metros cuadrados y un aparcamiento de otros 2.000. Indra, multinacional española de los sectores de defensa y nuevas tecnologías, se ha quedado con el edificio más grande, que ocupa unos 2.500 metros cuadrados, a un precio que ronda los 22.000 euros mensuales de renta. Joaquín Moya-Angeler fue miembro del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo y presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones de Indra.
La Junta retiró las ayudas
Redsa, dedicada a las nuevas tecnologías del área de la sanidad, es una pyme con cuarenta empleados y 3,6 millones de euros de facturación anual, por lo que en el sector causó cierta extrañeza que recibiera más de seis millones de euros para construir una nueva sede: los 4,8 del Ministerio y 1,6 de la Junta de Andalucía.
Pero el socio de Felipe González no llegó a cobrar la subvención que le concedió la Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Economía, que ascendía a 1.587.000 euros. Joaquín Moya-Angeler, que además es consejero de la agencia IDEA, asegura que "la Junta retiró las ayudas porque consideraron que los trabajos de mi empresa se hacían en Madrid, no en Andalucía".