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El decreto vasco sobre "víctimas policiales" abre brecha entre PP y PSE

Los familiares de los etarras Juan Paredes y Ángel Otaegui, condenados a muerte por sendos asesinatos, podrían acogerse a la ley.

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Las relaciones entre socialistas y populares en el País Vasco transitan en las últimas horas por varios baches. El motivo, el texto del decreto sobre víctimas de abusos policiales que el Gobierno vasco hizo público el lunes, y que no ha sentado nada bien en las filas populares.

Este mismo martes, el presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, preguntado por la cuestión en una entrevista concedida a Radio Euskadi, la radio pública regional que emite en castellano, afirmó que "es improcedente y poco responsable". "En un momento como este en el que ETA ha querido decir que su justificación era que aquí había una guerra entre dos partes, que era un conflicto entre bandas y una respuesta al Estado, creo que es especialmente improcedente y poco responsable poner encima de la mesa eso para que ETA justifique su existencia", aseguró.

Asimismo, dijo que puede que se hicieran cosas "no perfectas" durante ese periodo temporal, pese a lo que advirtió al Gobierno vasco que si continúa mirando hacia atrás tendrá que reconocer y responsabilizarse "de los asesinatos de los buques prisión" que el por entonces Ejecutivo de Vitoria llevó a cabo en el año 36 durante la Guerra Civil.

Tras esto, insistió en que el texto es "absoluta irresponsabilidad" y aseguró que "no nos lleva más que a percepciones distorsionadas y a que en un momento tan importante como es el final del terrorismo haya gente que piense que lo de ETA no estuvo mal del todo, y lo de ETA estuvo rematadamente mal".

La respuesta del Ejecutivo vasco no se hizo esperar. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno regional, la portavoz del mismo, Idoia Mendía, respondió que sí es el "momento oportuno" e invitó al líder de los populares vascos a "leer detenidamente" el texto del decreto. "Recoger la verdad es muy importante porque, lamentablemente, en el pasado y en el presente se tiende, en algunas ocasiones, un velo de tinte político sobre cuestiones ajenas a la política", añadió.

Dos asesinos podrían ser compensados

Pese a que el texto de este primer decreto en la materia se refiere únicamente al periodo pre-democrático que discurrió entre 1968 y 1978, y que la propia Mendía dijo el lunes durante su presentación de que "ningún terrorista fallecido cuando intentaba poner una bomba o muerto en un enfrentamiento con agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado podrá beneficiarse de la reparación y reconocimiento que se recogen en este", la realidad es que sí podría afectar a dos terroristas de ETA.

Los etarras que podrían pasar el filtro y, por lo tanto, sus descendientes podrían ser compensados económicamente, serían Juan Paredes, Txiki, y Ángel Otaegi Echevarría. Ambos fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975 junto a los terroristas del FRAP José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena, en la última sentencia a muerte aplicada por el Régimen de Franco.

El primero de ellos, Juan Paredes Txiki fue condenado a muerte por el asesinato al miembro de la Policía Armada Ovidio Díaz López, en el tiroteo posterior al atraco a una oficina del Banco Santander que un grupo de terroristas de ETA perpetró en Barcelona el 6 de junio de 1975.

Ángel Otaegui fue condenado a muerte por el asesinato del guardia civil Gregorio Posada Zurrón. El 3 de abril de 1974, Otaegui y otro terrorista de ETA salieron al paso del vehículo que conducía el agente, aprovechando que pasaba por una zona de obras en la que tenía que conducir a escasa velocidad, y le dispararon a quemarropa con sendas metralletas Marieta.

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