La juez Alaya ya no está sola. La Cámara de Cuentas de Andalucía implica a la cúpula del Gobierno andaluz en el caso de los ERE. Según un informe no publicado aún y dedicado íntegramente al caso de los ERE, el hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán, incumplió la ley vía fondo de reptiles cuando era Consejero de Economía y Hacienda del gobierno de Manuel Chaves desde 2004 a 2009. Tampoco se libra de responsabilidad el expresidente Chaves porque la auditoría efectuada sobre el caso alude a doce casos del mismo tipo que pasaron por el Consejo de Gobierno presidido por él. La auditoría de la Cámara fue encargada por el propio gobierno andaluz.
En su información, ABC habla de un giro de "consecuencias inquietantes para Griñán" porque cuestiona dos modificaciones presupuestarias autorizadas y firmadas por él como responsable político de las finanzas en el Gabinete de Manuel Chaves.
En total, son catorce las modificaciones presupuestarias que han sido analizadas en esta auditoría monográfica sobre el tema de los ERE. En su conjunto, su importe ascendió nada menos que a más de 101 millones de euros que fueron autorizadas por los gobiernos de Chaves y Griñán entre 2001 y 2010.
Y nuevamente sale la figura del Interventor General que subrayó la irregularidad del procedimiento del "fondo de reptiles". En el informe de la Cámara se dice que, aunque los desvíos presupuestarios contaran con informes favorables de la Intervención General –que dependía de Griñán–, tanto el entonces consejero Griñán como todo el gobierno Chaves fueron responsables de aumentar dos veces la partida 31-L, rompiendo las reglas de juego administrativo utilizando el sistema de transferencias de financiación para repartir subvenciones millonarias entre empresas.
Curiosamente este es el mismo argumento que esgrimió la Intervención General en tres informes entre 2005 y 2007. Según esos informes, el procedimiento del "fondo de reptiles" era irregular porque desviaba pagos a través de la Agencia IDEA. Pero ni Griñán ni Chaves hicieron caso a estas recomendaciones y Griñán, incluso, dice que no tuvo conocimiento de ello porque su hoy Consejera de Hacienda y Administración Pública guardó los informes en un cajón.
ABC, que ha tenido acceso al informe, cuenta que textualmente se dice en él: "Pese al cumplimiento de los trámites e informes preceptivos, y a la exposición concreta en cada expediente de los fines que se persiguen y de las alteraciones que se producen en los presupuestos del IFA/IDEA [...], el Consejo de Gobierno y el Titular de la Consejería de Hacienda han autorizado a lo largo del periodo 2001 a 2010, modificaciones de créditos que no se ajustan a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta". En una década, la Junta aumentó en 125,87 millones de euros los créditos iniciales de la partida 31-L para empresas en crisis, lo que supone un 24% más de la cuantía presupuestada.
La auditoría avala la hipótesis de la juez que investiga el fraude, Mercedes Alaya, quien considera ilegal no sólo la constitución del "fondo de reptiles" sino el procedimiento de pago establecido para las ayudas.
Por si fuera poco, el informe socava la firmeza de la defensa de la Junta que siempre ha dicho que los cambios presupuestarios se hicieron con la autorización del Interventor General. Pero la auditoría de la Cámara señala la insuficiencia de tales autorizaciones y desmonta la coartada de que el programa 31-L, el fondo de reptiles, se financiaba con presupuestos aprobados por el Parlamento andaluz.
La auditoría, impulsada por el propio Gobierno andaluz para dar muestras de su sinceridad en el procedimiento, se vuelve contra él e implica en el procedimiento ilegal que dotó durante diez años con 647 millones de euros a la partida 31-L, que dio pie al fraude de los ERE, tanto al actual presidente de la Junta y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, como a todos los altos cargos que tomaron parte en los Consejos de Gobierno que durante una década avalaron el método de las transferencias de financiación. Tales fondos no podían dedicarse al pago de prejubilaciones e incluso en dos de los catorce casos estudiados no cumplían los requisitos de control legal como la conformidad de la Dirección General de Presupuestos o la autorización del Interventor.
Por ley, la Junta debería haber utilizado la vía legal de las subvenciones excepcionales pero entonces tenía que haber pasado rigurosos controles que no le interesaban.
La Cámara de Cuentas especifica que "los créditos que se modifican –Transferencias de Financiación– no se corresponden con la naturaleza económica de los gastos propuestos". Y además, la auditoría avisa de que las operaciones presupuestarias deben tener la conformidad de la Dirección General de Presupuestos o el informe favorable de la Intervención General de la Junta. Unos requisitos que se cumplen en doce expedientes, "salvo en dos casos". En la mayoría de las modificaciones se justifica el aumento del dinero para los ERE en la necesidad de "atender necesidades derivadas de prejubilaciones, expedientes de regulación de empleo y proyectos de viabilidad de pequeñas, medianas y grandes empresas".