L D (EFE) Azkarraga, quien hizo estas declaraciones antes de inaugurar en Zumarraga (Guipúzcoa) un centro de internamiento de menores, calificó el recurso de "bodrio jurídico" y denunció que el Gobierno "utiliza la existencia de una lacra, como es ETA, para arremeter contra las libertades y contra los cimientos del propio sistema democrático".
Pese a la gravedad de las acusaciones, el consejero matiza: "Tengo la convicción, no la evidencia, de que el Gobierno del PP, con el señor Michavila a la cabeza, ha pactado con el presidente del Tribunal Constitucional, no con el Tribunal Constitucional, la admisión a trámite de un recurso de estas características". El consejero expresó su "esperanza" de que "entre los miembros del Tribunal Constitucional se imponga la racionalidad, la justicia y la equidad" para "rechazar la parcialidad de su presidente" y no dejar que "ninguna maniobra política se inmiscuya en una decisión exclusivamente judicial". Añadió que "eso es lo que yo quiero pensar porque si no fuera así y el TC emitiera una decisión a sabiendas de que es una decisión no justa estaríamos hablando de una cosa diferente y ustedes ya saben cuál es el nombre que se utiliza para denominar este tipo de actuaciones".
Azkarraga acusó al presidente del Constitucional de "parcialidad" y de "estar dispuesto a la ciega obediencia a lo que le diga el Gobierno del PP", al tiempo que consideró que "en un Estado de Derecho Jiménez de Parga debería estar inhabilitado hace tiempo". "Aunque suene duro decirlo, el Estado español no puede continuar denominándose como un Estado de Derecho, este Estado es una ruina, está dinamitando el propio sistema de libertades", añadió.
Según explicó, el recurso de inconstitucionalidad sólo se puede presentar cuando la ley sea aprobada por el Parlamento, lo que ha sido señalado por numerosos expertos en Derecho Constitucional, por lo que atribuyó su planteamiento a "una ofensiva sin precedentes" del Estado contra el Gobierno vasco.
Pese a la gravedad de las acusaciones, el consejero matiza: "Tengo la convicción, no la evidencia, de que el Gobierno del PP, con el señor Michavila a la cabeza, ha pactado con el presidente del Tribunal Constitucional, no con el Tribunal Constitucional, la admisión a trámite de un recurso de estas características". El consejero expresó su "esperanza" de que "entre los miembros del Tribunal Constitucional se imponga la racionalidad, la justicia y la equidad" para "rechazar la parcialidad de su presidente" y no dejar que "ninguna maniobra política se inmiscuya en una decisión exclusivamente judicial". Añadió que "eso es lo que yo quiero pensar porque si no fuera así y el TC emitiera una decisión a sabiendas de que es una decisión no justa estaríamos hablando de una cosa diferente y ustedes ya saben cuál es el nombre que se utiliza para denominar este tipo de actuaciones".
Azkarraga acusó al presidente del Constitucional de "parcialidad" y de "estar dispuesto a la ciega obediencia a lo que le diga el Gobierno del PP", al tiempo que consideró que "en un Estado de Derecho Jiménez de Parga debería estar inhabilitado hace tiempo". "Aunque suene duro decirlo, el Estado español no puede continuar denominándose como un Estado de Derecho, este Estado es una ruina, está dinamitando el propio sistema de libertades", añadió.
Según explicó, el recurso de inconstitucionalidad sólo se puede presentar cuando la ley sea aprobada por el Parlamento, lo que ha sido señalado por numerosos expertos en Derecho Constitucional, por lo que atribuyó su planteamiento a "una ofensiva sin precedentes" del Estado contra el Gobierno vasco.