L D (Agencias) El ministro de Justicia ha dedicado el fin de semana a reunirse con los funcionarios tras más de dos meses de descalificaciones y desidia. Las prisas del ministro, que coinciden con la inminente designación del nuevo gabinete de Zapatero, le han hecho celebrar el fin de una huelga que sin embargo aún no han ratificado dos de los sindicatos. Los representantes de CCOO y UGT sí lo han aprobado pero persisten las quejas; de hecho, ambos han tenido que salir escoltados por la Policía mientras los funcionarios les tachaban de traidores. Bermejo había exigido que fueran ellos quienes se sentaran con él a negociar.
Tras dos meses de desidia, al ministro de Justicia le han entrado las prisas y ha decidido actuar en la huelga de funcionarios que ha colapsado la administración. Fernández Bermejo ha presionado para que no pase de hoy la firma de un acuerdo que pondría fin al paro. Tanto es así que el Ministerio convocó a los medios para que estuvieran presentes.
El ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, ha asegurado que la huelga de los funcionarios da la Administración de Justicia no transferida "ha tocado a su fin" y ello ha sido posible, ha añadido, sin que nadie "salga con cara de vencedor ni de vencido".
En ruda de prensa en la sede del Ministerio tras firmar el acuerdo que pondrá fin a dos meses de huelga con CCOO y UGT -que no ha sido ratificado por CSI-CSIF y STAJ- Bermejo ha dejado claro que quienes salen vencedores de este acuerdo son los ciudadanos, que han sufrido más de 60 días de paros.
Preguntado por si este largo conflicto va a influir en su carrera política, el ministro en funciones ha dicho que no tiene ni vanidad ni ambición, pero ha precisado que, si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere repetir su confianza en él, estará "encantado de renovar el compromiso" con los ciudadanos.
Tras señalar que el documento se ha firmado con las dos organizaciones sindicales mayoritarias en el sector, Fernández Bermejo ha dicho que se trata de un "magnífico acuerdo, que deja a todos satisfechos", a pesar de que ha reconocido que tanto CSI-CSIF como STAJ han preferido esperar a consultar a sus bases.
El ministro ha justificado la decisión de convocar a los máximos dirigentes de la Función Pública a la negociación con que se hubiera "perdido la confianza" en los responsables de Justicia de ambos sindicatos tras el "incidente" del 1 de abril. Entonces, los sindicatos dieron marcha atrás en su postura y, después de aceptar un acuerdo con el Ministerio, pidieron el voto negativo a los trabajadores en referéndum.
"Le puedo asegurar que no es nada fácil mantener una negociación en plena campaña electoral", ha admitido el ministro, quien dice que él ha intervenido personalmente desde el primer momento del conflicto. En su comparecencia, Bermejo quiso resaltar que la incorporación a la negociación de los secretarios generales de las Federaciones de Servicios Públicos de CC.OO. y UGT fue "clave" para suscribir el documento.
Las cúpulas de CCOO y UGT se justifican
Los secretarios generales de las Federaciones de Servicios Públicos de CC.OO y UGT, Miguel Segarra y Julio Lacuerda, respectivamente, justificaron su apoyo al acuerdo suscrito con el ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, a la necesidad de dar solución a un conflicto que estaba perjudicando de forma muy importante a los ciudadanos.
En rueda de prensa, los responsables de UGT y CC.OO. aseguraron que el acuerdo cuenta con legitimidad sindical, ya que ambas organizaciones representan entorno al 80% de los funcionarios de Justicia sindicados.
"La sociedad española necesitaba la certeza de que esto de hoy era algo necesario e indispensable", enfatizó Lacuerda en referencia a la polémica suscitada por haber suscrito el acuerdo sin la convocatoria de un referéndum previo con los trabajadores, como harán los otros dos sindicatos representados CSI-CSIF y STAJ, que han mostrado su conformidad con el pacto pero que no lo firmarán hasta que sea respaldado por los trabajadores, el lunes o martes.
Lacuerda y Segarra afirmaron además que aparte de las mejoras laborales, ambas organizaciones "renuevan su compromiso público con la sociedad". Al respecto, Segarra apuntó que se constató por parte de la dirección de CC.OO. que la huelga basada en reivindicaciones "justas" estaba entrando en una contradicción con la voluntad del sindicato de mejorar el servicio judicial a los ciudadanos.
"Debía darse una salida al conflicto por los usuarios de este país", indicó, por su parte, Lacuerda, quien detalló que su concurso en la mesa de negociación fue aportar "equilibrio, sensatez y rigor" a la misma. "Este conflicto también nos tiene que servir para hacer autocrítica", reconoció.
Oposición en las áreas sindicales de Justicia
Sobre la polémica suscitada por la oposición que ha suscitado la firma del acuerdo con sus respectivas áreas de Justicia, ambos detallaron que sus ramas sindicales estaban de acuerdo en el pacto suscrito, y se les explicó que por la estructura de ambas organizaciones no era necesario el referéndum porque la consulta del pacto debe hacerse en los órganos de dirección.
Concretamente, Lacuerda se mostró más crítico sobre la posibilidad del referéndum, que, en su opinión, no se puede desarrollar con las "mínimas garantías de veracidad". "Lo que no se puede hacer, una vez metido en el ajo, es no saber cómo salir: o no representaban nada o hoy han demostrado que representaban menos de lo que ellos consideraban representar. Nadie va a inventar el sindicalismo hoy, se toman decisiones y se asumen responsabilidades", enfatizó el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT.
Segarra detalló que su previsión es convocar una reunión extraordinaria de la comisión ejecutiva de CC.OO. para ratificar el consenso sobre la propuesta económica, dando desde hoy por desconvocada la huelga.
Sobre los planes de recuperación, el responsable de UGT detalló que posiblemente la puesta al día de los órganos judiciales afectados se demore más allá de tres meses.
"Nos habeis vendido"
Tanto militantes de UGT como de CCOO que no están satisfechos con lo pactado se han apostado durante más de una hora en las diferentes puertas del Ministerio esperando a que salieran de él Segarra y Lacuerda, para expresarles la repulsa por su actuación. Cuando finalmente han abandonado la sede ministerial, protegidos por agentes antidisturbios de la Policía, ambos han sido abucheados y criticados con gritos como "traidores" y "nos habéis vendido".
Los sindicatos STAJ Y CSI-CSIF continúan la huelga
Anteriormente, los sindicatos STAJ y CSI-CSIF anunciaron que ellos no daban por desconvocada la huelga y que mañana intentarían realizar el referéndum sobre la propuesta del Ministerio a los funcionarios. En declaraciones a los medios de comunicación a la salida de la decimocuarta mesa de negociación con el Ministerio, los portavoces sindicales de la plataforma censuraron la actitud de Bermejo por no querer aceptar la consulta a los trabajadores, y se comprometieron a realizarla, dando posteriormente la respuesta de la misma al Gobierno.
La representante de STAJ, Herminia Ruiz, recriminó la actitud del Ministerio al no querer aceptar el documento elaborado por la plataforma sindical de Justicia, en la que se solicitaba someter a referéndum la propuesta del Ministerio al no alcanzar esta la totalidad de las reivindicaciones de los trabajadores.
Aunque la propuesta mejora las anteriores y se aseguraba que se promulgaría el voto favorable a la misma por parte de los representantes sindicales, finalmente el secretario de Estado del Ministerio, Julio Pérez, no ha querido aceptar el texto limitándose a decir que lo presentaría al Registro.
Falta de democracia
Mientras, el portavoz de Justicia de CC.OO, Javier Hernández, que fue recibido con aplausos por los manifestantes, indicó que la Federación de Servicios Públicos de CC.OO ha firmado "en su nombre" y "en contra del criterio del área de Justicia" la propuesta elevada por el Ministerio.
También pidió la dimisión del ministro de Justicia y señaló que la determinación de firmar el acuerdo se ha tomado de forma unilateral por el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO., quien a su juicio ha roto la plataforma sindical de los trabajadores.
"Con la actitud arrogante de una persona, que es de mi sindicato y ha actuado antidemocráticamente, nos parece ilegítima su actitud y con la del ministro, que es incapaz de aceptar una condición sencillísima que es el que la democracia decide esta huelga y no individuos sueltos que están al margen de los trabajadores", apostilló Hernández.
Por su parte, el secretario general de CSI-CSIF, Juan Antonio Martín, acusó a Bermejo de saltarse a los sindicatos representativos del área de Justicia con su decisión de firmar un preacuerdo con CC.OO y UGT. "Ha intentado vilmente negociar a otro nivel. Pedimos nuevamente su dimisión", precisó Martín, quien a continuación subrayó que si finalmente se aplica las medidas del documento, la tramitación de asuntos judiciales tardarán al menos seis meses en "ponerse al día".
Finalmente, detalló que el plan de recuperación se articula mediante la fórmula de horario flexible mediante un desarrollo de seis horas semanales para recuperar los atrasos, objetivo que no se alcanzará al menos pasados seis meses, concluyó.
El acuerdo
El Ministerio propone un incremento de 190 euros mensuales este año, frente a los 200 que pedían los sindicatos. Aunque este año sólo se harán efectivos 160. De este incremento de 160 euros mensuales este año, 80 euros tendrían lugar con efecto retroactivo desde el 1 de enero y otros 80 se comenzarían a pagar el 1 de julio.
Los 80 euros no abonados de los primeros seis meses del año se incluirían en una paga extraordinaria de 480 euros, que se haría efectiva en enero de 2009. En ese año se mantendrían estas cantidades y se ampliarían en 30 euros más.
Se ha establecido también un plan de actuación de 3 meses para la recuperación del trabajo acumulado. Tiene carácter voluntario y podrán participar todos los funcionarios.
Además, el pacto incluye contraprestaciones a este aumento salarial, consistentes en medidas para la implantación de la nueva oficina judicial y el dominio de herramientas informáticas.
