L D (EFE) Ambos etarras forman parte supuestamente de un grupo cuyo responsable, Mikel Soto, salió también el pasado lunes bajo fianza de 12.000 euros por orden de Ruiz Polanco, quien, como en el caso de Yurramendi y Sola, decidió que los indicios que han servido para procesarles por pertenencia o colaboración con ETA no bastan para prorrogar la situación de prisión provisional.
Soto, Yurramendi y Sola, detenidos en febrero de 2002, fueron procesados el pasado jueves por el magistrado junto a otros tres presuntos integrantes del "grupo Urbasa" por los delitos genéricos de pertenencia o colaboración con banda armada. En el caso de Yurramendi, el juez le acusó de haber refugiado en su domicilio al miembro del "grupo Ekaitza" de ETA Alberto Viedma Morillas, para quien también decretó el viernes la libertad por esta causa, aunque no abandonará la prisión porque ya fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato del concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona Tomás Caballero, en mayo de 1998.
Ruiz Polanco explica además que Yurramendi, quien según el juez aceptó colaborar con ETA aunque no se integró en la banda terrorista, se encargó de captar para esta organización a la novia de Soto, Ainhara Gorostiaga, y a otra persona a la que éste identificó como "Sebastián Lasa". Según el auto de procesamiento, el denominado "grupo Urbasa" fue constituido en 2000 en Pamplona, "bajo la dirección de su responsable Mikel Soto", para la obtención de información sobre posibles objetivos para la banda.
Durante esta pasada semana, Ruiz Polanco ha ordenado las excarcelaciones, por haber vencido el plazo de prisión provisional o por no encontrar indicios suficientes para prorrogarlo, de otros tres miembros del "grupo Urbasa": Ibai Ayensa Laborda, Arturo Fernández Garcés y Jorge Chocarro Zoco.
El vencimiento del plazo máximo de prisión preventiva también obligó a otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, a decretar el miércoles la libertad de Ainhara Gorostiaga en relación con esta causa, aunque permanece encarcelada por su supuesta implicación en el asesinato del concejal de UPN en Leiza (Navarra) José Javier Múgica, que investiga el magistrado Baltasar Garzón.
En este atentado, según las declaraciones policiales de la propia Gorostiaga, también participó Mikel Soto, al que Ruiz Polanco ha impuesto la obligación de comparecer diariamente en el Juzgado, además de emitir un oficio urgente a la Delegación del Gobierno en Navarra para su "localización permanente", tras conocer que Garzón no fue informado de la implicación de éste en la muerte de Múgica.