L D (EFE)
La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, ha explicado en Vitoria la opinión del Gobierno vasco tras la desestimación por el Tribunal Constitucional del recurso presentado por el Ejecutivo autónomo contra la Ley de partidos, señalando que "ni siquiera la lucha contra el terrorismo justifica la aprobación y validación de leyes paraconstitucionales". El Ejecutivo vasco considera que "nos hallamos ante la crónica de una sentencia anunciada. Viene a cumplirse el más íntimo deseo expresado por el propio Presidente del Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, cuando dijo que
lo hagamos lo mejor que sepamos y consigamos una ilega..., digo, una solución favorable
. Una solución favorable a los intereses políticos del Gobierno del PP, se entiende", dijo Zenarruzabeitia. Las recusaciones contra Jiménez de Parga, interpuestas por el Gobierno de Ibarretxe, no prosperaron y tal vez sea ese es fracaso que más les ha molestado.
El Gobierno Vasco sigue pensando que la Ley de Partidos "introduce obligaciones y límites legales a la actividad propia de los partidos políticos que no encuentran fundamento en la propia Constitución española, adquiere un sesgo de medida de excepción, restringe derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos y fuerza en extremo el principio de separación de poderes", por lo que su aplicación "va a provocar la quiebra del Estado de Derecho". Así, "se vacía por completo de sentido la propia legalidad que dice defenderse –la Constitución–, cuando una mayoría absoluta y una oposición amordazada fuerzan hasta el extremo sus preceptos, y cuando el Tribunal Constitucional deja de ser el garante de la misma, y su labor se convierte en la tarea de fiel intérprete de una determinada voluntad política".
El Gobierno vasco agrega que "ni una mayoría parlamentaria casi unánime, ni el pronunciamiento de los tribunales, el Constitucional y, en su caso, el Supremo, son una especie de Jordán purificador que confiere mágicamente el signo de constitucionalidad, más aún, de legitimidad democrática a cualquier decisión legal o gubernamental que se presente". El Ejecutivo de Vitoria considera que "una vez más los principios y valores que fundamentan un sistema democrático han quedado sacrificados ante la mal llamada razón de Estado, obteniendo así de momento una pírrica victoria el decisionismo político y la cruzada antivasca –disfrazada de antiterrorismo– del Presidente del Gobierno español".
De cara al futuro, el Gobierno Vasco "explorará y empleará todas las vías jurídicas, políticas e institucionales" contra la Ley de partidos. En este sentido, el Ejecutivo presidido por Juan José Ibarretxe está estudiando ya las posibilidades de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con objeto de que "repare la grave vulneración de los principios en los que se inspira la Convención de la que es garante". En caso de que esa posibilidad exista, y el Gobierno Vasco "piensa que así es, se personará en Estrasburgo, y lo hará con independencia del resultado final del proceso de ilegalización de Batasuna". Por último, el Ejecutivo destaca "el tratamiento excepcional y la urgencia con la que se ha resuelto el recurso" por el TC, "apenas cinco meses", mientras que el plazo medio en el que resuelve los recursos de inconstitucionalidad "ronda los cinco o seis años como mínimo".
El Gobierno Vasco sigue pensando que la Ley de Partidos "introduce obligaciones y límites legales a la actividad propia de los partidos políticos que no encuentran fundamento en la propia Constitución española, adquiere un sesgo de medida de excepción, restringe derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos y fuerza en extremo el principio de separación de poderes", por lo que su aplicación "va a provocar la quiebra del Estado de Derecho". Así, "se vacía por completo de sentido la propia legalidad que dice defenderse –la Constitución–, cuando una mayoría absoluta y una oposición amordazada fuerzan hasta el extremo sus preceptos, y cuando el Tribunal Constitucional deja de ser el garante de la misma, y su labor se convierte en la tarea de fiel intérprete de una determinada voluntad política".
El Gobierno vasco agrega que "ni una mayoría parlamentaria casi unánime, ni el pronunciamiento de los tribunales, el Constitucional y, en su caso, el Supremo, son una especie de Jordán purificador que confiere mágicamente el signo de constitucionalidad, más aún, de legitimidad democrática a cualquier decisión legal o gubernamental que se presente". El Ejecutivo de Vitoria considera que "una vez más los principios y valores que fundamentan un sistema democrático han quedado sacrificados ante la mal llamada razón de Estado, obteniendo así de momento una pírrica victoria el decisionismo político y la cruzada antivasca –disfrazada de antiterrorismo– del Presidente del Gobierno español".
De cara al futuro, el Gobierno Vasco "explorará y empleará todas las vías jurídicas, políticas e institucionales" contra la Ley de partidos. En este sentido, el Ejecutivo presidido por Juan José Ibarretxe está estudiando ya las posibilidades de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con objeto de que "repare la grave vulneración de los principios en los que se inspira la Convención de la que es garante". En caso de que esa posibilidad exista, y el Gobierno Vasco "piensa que así es, se personará en Estrasburgo, y lo hará con independencia del resultado final del proceso de ilegalización de Batasuna". Por último, el Ejecutivo destaca "el tratamiento excepcional y la urgencia con la que se ha resuelto el recurso" por el TC, "apenas cinco meses", mientras que el plazo medio en el que resuelve los recursos de inconstitucionalidad "ronda los cinco o seis años como mínimo".