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El juez envía a prisión a los tres dirigentes de los GRAPO detenidos en Reus

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó este lunes el ingreso en prisión de tres dirigentes de los GRAPO -Juan García Martín, Carmen Cayetano Navarro y María Aránzazu Díaz Villar-, detenidos el pasado viernes en Reus (Tarragona) en una operación de la Guardia Civil. Según informaron fuentes jurídicas, Moreno, quien adoptó esta decisión a instancias del fiscal Juan Moral, imputa a los tres los delitos de integración en organización terrorista y falsificación de documentos. Unas detenciones e imputaciones por terrorismo que llegan meses después de que el Gobierno negara que los GRAPO siguieran existiendo como grupo terrorista.

L D (EFE) Durante su comparecencia ante el juez, Juan García y Carmen Cayetano se limitaron a negar su pertenencia a los GRAPO y precisaron que sólo eran miembros del Partido Comunista de España reconstituido, PCE(r), mientras que María Aránzazu Díaz se negó a prestar declaración.

García Martín, según informó la Guardia Civil a raíz de su arresto, había supuestamente participado en las dos últimas acciones terroristas cometidas en el mes de febrero por este grupo en las localidades de Zaragoza, donde resultó asesinada una mujer y herido de gravedad su marido, y de Castellón, donde en marzo fue herido de bala el director de una sucursal bancaria en un atraco frustrado.

No obstante, el juez no le imputa por el momento ningún delito relacionado con estas dos acciones atribuidas a los GRAPO y previsiblemente le pondrá a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en cumplimiento de una orden internacional de detención e ingreso en prisión por pertenencia a banda armada dictada por el juez Baltasar Garzón en marzo de 2004.

La Guardia Civil cree que García Martín es el actual máximo dirigente de los GRAPO y que estaba preparando nuevas acciones terroristas con fines económicos con ayuda de las otras dos detenidas tras los fracasos de los intentos de conseguir fondos para la banda en sus últimas acciones en Zaragoza y Castellón.

García Martín fue condenado en 1978 a 20 años de prisión por su pertenencia al Comando Central de organización terrorista PCE(r)-GRAPO, desde donde ordenó la comisión de múltiples acciones terroristas, entre las que destaca el asesinato de varios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un director de Instituciones Penitenciarias.

Al año de salir de prisión, donde protagonizó una huelga de hambre junto a otros miembros de la banda, volvió a incorporarse a la actividad terrorista, donde defendió la línea dura de los GRAPO.

Mientras, María Aránzazu Díaz Villar dirigía supuestamente el Comité General de la organización, y Carmen Cayetano Navarro la Comisión de Relaciones Internacionales.

En el registro efectuado en el piso-franco de Reus en el que se ocultaban los detenidos, los agentes hallaron abundante documentación, documentos falsificados, material para falsificar y tres ordenadores portátiles, así como una considerable cantidad de dinero, aunque no se encontró ningún arma.

Tras los arrestos, la Guardia Civil dio por "prácticamente descabezada" la organización terrorista que, a su juicio, atraviesa en estos momentos una precaria situación económica.

Los detenidos, según los investigadores, llevaban menos de un mes en Reus, adonde habían llegado probablemente desde Francia, donde habían estado ocultos durante los últimos meses.

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