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El PSOE corteja al PNV en el Congreso

Un solícito PSOE ha anunciado que presentará enmiendas a varias de las propuestas del PNV tras el Debate del Estado de la Nación en un gesto con el que busca un acercamiento a los nacionalistas de cara a los Presupuestos.

Frente a la quincena de propuestas de los nacionalistas, algunas de ellas de marcado carácter independentista, el Grupo Socialista ha apostado por presentar enmiendas a once de ellas y aceptar algunas de las demás buscando un acuerdo.  

El PNV optó el viernes por una quincena de propuestas de resolución para poner a prueba la voluntad de acuerdo que mostró el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate sobre el estado de la Nación. Entre sus condiciones, el reconocimiento de la realidad nacional de Euskadi, seis transferencias pendientes, referéndum en el Condado de Treviño, apoyo a la fuente de neutrones por espalación y presencia de las selecciones autonómicas en competiciones internacionales.

En lugar de optar por un voto en contra generalizado, el secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina, ha anunciado la presentación de once enmiendas a otros tantos textos del PNV e incluso voto a favor de algunas de las restantes. La tercera parte de las enmiendas del PSOE van dirigidas a los nacionalistas vascos.

A su juicio, los socialistas han hecho "una gran aproximación a espacios de encuentro y de consenso". "Una aproximación hacia el acuerdo que demuestra la voluntad del PSOE de alcanzar acuerdos para España y la sociedad vasca en particular", afirmó.

Junto a Madina compareció el coordinador de los socialistas vascos en el Congreso y encargado de las relaciones con el PNV, Txiki Benegas, quien precisó que las enmiendas se han redactado en "permanente contacto" con el lehendakari, Patxi López, y con el PSE, y que se ha hablado también con el Gobierno central.

Madina quiso dejar claro que esta batería de ofertas al PNV no está vinculada con el debate mañana del techo de gasto para 2011, que abre la negociación presupuestaria, pues considera que se trata de procesos de negociación diferentes.

De entrada, el PNV presentó una resolución demandando el reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado y pide un nuevo marco político-jurídico que reconozca la realidad nacional de Euskal Herria y que respete sin merma alguna la decisión "libre y democrática" del pueblo vasco sobre su futuro.

Ante esa apuesta, el PSOE ha optado por ofrecer un texto alternativo reconociendo el derecho de los ciudadanos que viven en Euskadi a desarrollar claramente sus sentimientos identitarios y su condición de ciudadanía, pero recordando que el derecho de pertenencia de la sociedad vasca está vinculada a la condición de ciudadanía y que sólo puede haber un cambio de marco jurídico respetando la legalidad vigente, esto es, reformando el Estatuto de Guernica y respetando los cauces de la Constitución para una reforma estatutaria. Y a todo ello se añade un llamamiento a la unidad democrática contra ETA.

Igualmente, donde el PNV da tres meses al Gobierno para que transfiera al País Vasco seis competencias pendientes que considera  "especialmente decisivas" en la actual coyuntura de crisis, el PSOE ofrece la convocatoria antes de fin de año de la comisión mixta de transferencias.

Eso sí, no todas, pues los socialistas seguirán votando en contra de las políticas pasivas del empleo porque está fuera del estatuto  de las que ponen en riesgo la caja única de la Seguridad Social. Sí aceptan negociar el traspaso de las políticas activas de empleo, las funciones y servicios del Instituto Social de la Marina, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la "gestión de los programas de Formación Profesional, Continua y Ocupacional", así como la ampliación de "la transferencia (FOGASA) de la actividad administrativa en la regulación de empleo de manera que se entiendan incluidas sin excepción todo tipo de empresas".

 El PSOE acepta también la posibilidad de acometer el traspaso a la Diputación Foral de Álava de los terrenos e instalaciones de uso militar en Araka, pero lo supedita a un proceso de diálogo entre las instituciones vascas y el Gobierno.

Respecto a la demanda nacionalista de hacer todas las gestiones necesarias para modificar la denominación oficial de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava por Bizkaia-Gipuzkoa-Araba, los socialistas la asumen siempre que sea para "incorporar" los nombres vascos, no para sustituir la denominación en castellano.

El PSOE ha anunciado también su voto a favor de la iniciativa del PNV reclamando "apoyo inequívoco" del Gobierno al proyecto vizcaíno de "Fuente de Neutrones por Espalación" de manera que, antes de fin de año, se firme un nuevo convenio con el Gobierno vasco para "la financiación -por un importe global de 180 millones de euros- de un centro, con entidad propia, de aceleradores de partículas de alta potencia que, al tiempo que posibilite el desarrollo autónomo de investigación en dicho campo, propicie la aportación futura al proyecto  de Fuente Europea de Neutrones por Espalación, (European Espalation Source, ESS), así como tomar parte en otras actuaciones internacionales en las que participe el Estado (CERN, ISIS, IFMIF) en este ámbito".

También aceptan crear un "plan de apoyo al sector de la máquina-herramienta", aunque suprimiendo referencias concretas a posibles subvenciones.

Sobre el texto del PNV para modificar la actual Ley de Deporte con el fin de que las selecciones autonómicas puedan integrarse en las federaciones internacionales y organismos olímpicos "representando a sus respectivos ámbitos geográficos" y pudiéndose enfrentar contra España, el PSOE se mantiene en limitar la presencia de las selecciones autonómicas a las competiciones no oficiales recalcando que, si no hay una liga específica, la representación es del Estado.

De las propuestas del PNV queda fuera de diálogo la reclamación de "una consulta popular oficial" para que los ciudadanos de Treviño y Valle de Villaverde puedan expresar su voluntad o no de integrarse en el País Vasco, ya que el PSOE ya ha anunciado el voto en contra al considerar que en estas cuestiones "tiene mucho que decir" la comunidad afectada (Castilla y León y Cantabria, respectivamente).

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