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El PSOE insiste en convertir en Ley su versión de la Memoria Histórica de España

 La Ley de Memoria Histórica ha llegado al pleno del Congreso con tres enmiendas en contra: una de devolución, del PP, y otras dos a la totalidad, de ERC e IU. Pese a las críticas en el hemiciclo, la ley continúa su trámite porque todas las enmiendas han sido rechazadas. El diputado del PP Manuel Atencia ha denunciado que la ley es un "paso adelante en el proceso de ruptura" de la convivencia. IU y ERC la han tildado de "decepcionante", mientras De la Vega la ha intentado defender al decir que no "va contra nadie". El mismo día del debate, una asociación para la recuperación de la Memoria ha pedido a Garzón que investigue la desaparición de 30.000 personas durante la Guerra Civil.

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 La Ley de Memoria Histórica ha llegado al pleno del Congreso con tres enmiendas en contra: una de devolución, del PP, y otras dos a la totalidad, de ERC e IU. Pese a las críticas en el hemiciclo, la ley continúa su trámite porque todas las enmiendas han sido rechazadas. El diputado del PP Manuel Atencia ha denunciado que la ley es un "paso adelante en el proceso de ruptura" de la convivencia. IU y ERC la han tildado de "decepcionante", mientras De la Vega la ha intentado defender al decir que no "va contra nadie". El mismo día del debate, una asociación para la recuperación de la Memoria ha pedido a Garzón que investigue la desaparición de 30.000 personas durante la Guerra Civil.
José Luis Rodríguez Zapatero.
L D (EFE) Tras las votaciones, la Ley de la Memoria Histórica ha logrado salir adelante pese a las enmiendas. El veto del PP sólo contó con los votos del grupo popular, mientras que las enmiendas de IU-ICV y ERC, que incluían un texto alternativo, recibieron el apoyo de los grupos proponentes así como del BNG, EA y Nafarroa Bai.
 
El portavoz de Justicia del PP, Manuel Atencia, argumentó durante su turno la enmienda de devolución de la iniciativa emprendida por su partido "con la tranquilidad y la autoridad hablar en nombre de un grupo que no tiene más pasado y más herencia que la Transición y la Democracia". El diputado recalcó la "contradicción" e "hipocresía" en la que se incurre al pretender la superación de viejas heridas "removiendo el barro" a través de un proyecto que "disfraza de iniciativa de concordia lo que no es más que un paso adelante en el proceso de ruptura del pacto de convivencia".

A su juicio, además, es "innecesario", porque los sucesivos gobiernos democráticos han adoptado "numerosas iniciativas a favor de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura", la último de ellas la resolución unánime que aprobó el Congreso el 20 de noviembre de 2002. De hecho, acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "traicionar al PSOE y a sí mismo", por haber "roto" con la "reconciliación" que han defendido en el pasado tanto él mismo como líderes de la izquierda, entre ellos Felipe González o Javier Solana.
 
"Revisionismo" para "imponer la verdad oficial"

"Lo que se quiere es hacer revisionismo de nuestra historia, en vez de asumirla", afirmó Atencia, para quien el Gobierno intenta "imponer la verdad oficial" y "falsa" de que "hay vicios de origen" en la Transición, y de que la legitimidad de la actual Democracia está en la II República, en lugar de en la Constitución de 1978. Según el PP, el planteamiento que subyace en el proyecto es "legislar la memoria", un "grave error" que a su juicio "no sintoniza con los anhelos y sentimientos de la mayoría de la sociedad", ya que "la concordia no se estimula recuperando memorias parciales y apoyando procesos revisionistas".
 
Quejas de ERC e IU
 
La Ley tampoco ha gustado entre los socios del Gobierno. Los portavoces de ERC, Joan Tardá, e IU-ICV, Joan Herrera, le reclamaron que rectifique el proyecto de ley para que no frustre las "esperanzas" de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista. Tardá aseguró que la iniciativa aprobada por el Gobierno ha provocado "una amarga decepción" en las asociaciones de víctimas ya que, entre otras cuestiones, no contempla la anulación de los llamados juicios sumarísimos. Incluso la ha calificado de "una humillación a las víctimas" tras acusar al Ejecutivo de "sucumbir" a las presiones de las "altas esferas" de las Fuerzas Armadas y la judicatura.

Por su parte, Joan Herrera criticó la "equidistancia" del proyecto de ley del Gobierno que equipara a "víctimas con verdugos". Para Herrera, "el colmo de la frustración" es la anulación únicamente simbólica de los llamados juicios sumarísimos porque "se ha negado, ya no sólo la posibilidad de condenar a nuestros "pinochets", sino incluso la posibilidad de anular las sentencias de nuestra represión".
 
"Heredera de la Transición"
 
Instantes antes, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa de la Vega abrió el debate al defender el proyecto del Ejecutivo en el pleno, al que asiste José Luis Rodríguez Zapatero, y en el cual se discuten tres enmiendas presentadas separadamente por el PP, ERC e IU-ICV. "Esta es una ley heredera del mejor espíritu de la transición y del principio que nos condujo hacia una democracia estable y consolidada: la concordia", proclamó ante el hemiciclo.

Además de detallar las medidas propuestas para reparar a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, la vicepresidenta hizo hincapié en que con esta norma el Gobierno cumple "escrupulosamente" con los mandatos parlamentarios sobre la materia.

Por ello, explicó que, además del reconocimiento y ampliación de derechos de las víctimas, la ley pretende "saldar una deuda, la de la injusticia" que la sociedad tiene con quienes "sufrieron violencia y persecución injustas" mediante una reparación moral acompañada del reconocimiento a sus derechos individuales.

La vicepresidenta remarcó que el Ejecutivo "en ningún momento ha pretendido con esta ley ni reconstruir la historia ni instituir una memoria", puesto que "memoria e historia no son lo mismo, ni tienen los mismos objetivos". De la Vega hizo notar que además de reconocer, con carácter general, la injusticia de las condenas de ese período, la nueva norma "va un paso más allá" y reconoce su derecho y el de sus familias a una "declaración singular" y a una "reparación" individual de la injusticia que sufrieron.
 
Descontento entre las asociaciones
 
El mismo día del debate de este proyecto del Gobierno, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una denuncia ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la que pide que se investigue la desaparición de unas 30.000 personas durante los años de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Según explicó Fernando Magán, abogado de la asociación, que agrupa a familiares de desaparecidos durante este periodo, éstos han decidido acudir a la vía judicial debido a que este asunto "que lleva latente desde hace cinco años, no está teniendo la acogida que merecería de las instituciones públicas", ni siquiera en la Ley de Memoria Histórica. Magán expresó la decepción de la asociación a la que representa por la falta de atención de las instituciones y dijo que la Ley que se debate hoy ha defraudado sus expectativas.

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