L D (EFE)
El Consejo de Estado consideró infundada la demanda de Olano contra el decreto de extradición a España firmado por el primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, el 25 de noviembre de 2002.
La máxima jurisdicción administrativa francesa dictaminó que en el caso de Olano fueron respetados el Convenio de aplicación de los acuerdos de Schengen y el artículo 10 del Convenio europeo de extradición. La institución constató que los hechos imputados a Olano por las autoridades judiciales españolas "son castigables en el derecho francés, no han prescrito, no revisten un carácter político y que no parece que la demanda de extradición haya sido depositada con el fin de perseguir o castigar al interesado por consideraciones de raza, de religión, de nacionalidad o por opiniones políticas".
Esta decisión fue calificada por el ministro de Justicia, José María Michavila, de "paso cualitativo enorme" en la colaboración con Francia, pues es la primera vez que este país concede la extradición de alguien que pertenece al entorno de ETA. Previamente, Juan María Olano había agotado la vía judicial, pues el Tribunal Supremo (máximo órgano judicial) había rechazado en octubre de 2002 otro recurso de Olano contra el visto bueno dado a su extradición el 28 de junio de ese mismo año por el Tribunal de Apelación de Pau (suroeste). Esa Corte precisó en su dictamen que el ex portavoz de Gestoras pro Amnistía podría ser juzgado sólo en España por los delitos que pueda haber cometido desde el 12 de febrero de 1995 en relación con su pertenencia a ETA, ya que los anteriores han prescrito.
La máxima jurisdicción administrativa francesa dictaminó que en el caso de Olano fueron respetados el Convenio de aplicación de los acuerdos de Schengen y el artículo 10 del Convenio europeo de extradición. La institución constató que los hechos imputados a Olano por las autoridades judiciales españolas "son castigables en el derecho francés, no han prescrito, no revisten un carácter político y que no parece que la demanda de extradición haya sido depositada con el fin de perseguir o castigar al interesado por consideraciones de raza, de religión, de nacionalidad o por opiniones políticas".
Esta decisión fue calificada por el ministro de Justicia, José María Michavila, de "paso cualitativo enorme" en la colaboración con Francia, pues es la primera vez que este país concede la extradición de alguien que pertenece al entorno de ETA. Previamente, Juan María Olano había agotado la vía judicial, pues el Tribunal Supremo (máximo órgano judicial) había rechazado en octubre de 2002 otro recurso de Olano contra el visto bueno dado a su extradición el 28 de junio de ese mismo año por el Tribunal de Apelación de Pau (suroeste). Esa Corte precisó en su dictamen que el ex portavoz de Gestoras pro Amnistía podría ser juzgado sólo en España por los delitos que pueda haber cometido desde el 12 de febrero de 1995 en relación con su pertenencia a ETA, ya que los anteriores han prescrito.