L D (EFE)
El fiscal reclama penas que suman cinco años de prisión y 16 de inhabilitación para dos agentes del Cesid, que son juzgados por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Las escuchas, practicadas desde el piso situado sobre la sede de Herri Batasuna de Vitoria, fueron descubiertas el 31 de marzo de 1998 y obligaron al entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, a comparecer en el Congreso, donde anunció la destitución de un coronel y un capitán destinados en la División Interior del servicio secreto.
Según la calificación del Ministerio Público, el dispositivo de espionaje fue localizado durante una modificación de la instalación telefónica que se iba a acometer en el local de HB, a raíz de la cual se descubrieron varias conexiones acopladas a equipos que permitían la interceptación, escucha y grabación de las comunicaciones que se efectuaban desde la sede. El escrito del fiscal precisa que presuntamente las actividades de interceptación, escucha y grabación fueron realizadas por orden del Cesid y por agentes del mismo, sin que existiera la perceptiva autorización judicial y sin que se conozca el período de tiempo en que pudieron ser practicadas.
El Ministerio Público considera que estos hechos son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por los que solicita dos años y seis meses de prisión y ocho de inhabilitación absoluta, así como una multa de 7.212 euros para cada uno de los dos acusados.
La acusación particular, ejercida por el ex parlamentario vasco de HB Santiago Hernando, amplía por su parte las imputaciones en este procedimiento a otros dos agentes, además de los dos citados, y a los ex directores del Cesid Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón. La acusación particular exige penas de cuatro años de prisión, para estos dos últimos, y de tres años, siete meses y quince días para los cuatro agentes, además de inhabilitaciones por doce años y multas de 43.272 euros para los dos ex directores y de 12.981 euros para cada uno de los cuatro agentes.
Según la calificación del Ministerio Público, el dispositivo de espionaje fue localizado durante una modificación de la instalación telefónica que se iba a acometer en el local de HB, a raíz de la cual se descubrieron varias conexiones acopladas a equipos que permitían la interceptación, escucha y grabación de las comunicaciones que se efectuaban desde la sede. El escrito del fiscal precisa que presuntamente las actividades de interceptación, escucha y grabación fueron realizadas por orden del Cesid y por agentes del mismo, sin que existiera la perceptiva autorización judicial y sin que se conozca el período de tiempo en que pudieron ser practicadas.
El Ministerio Público considera que estos hechos son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por los que solicita dos años y seis meses de prisión y ocho de inhabilitación absoluta, así como una multa de 7.212 euros para cada uno de los dos acusados.
La acusación particular, ejercida por el ex parlamentario vasco de HB Santiago Hernando, amplía por su parte las imputaciones en este procedimiento a otros dos agentes, además de los dos citados, y a los ex directores del Cesid Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón. La acusación particular exige penas de cuatro años de prisión, para estos dos últimos, y de tres años, siete meses y quince días para los cuatro agentes, además de inhabilitaciones por doce años y multas de 43.272 euros para los dos ex directores y de 12.981 euros para cada uno de los cuatro agentes.