L D (Europa Press) A pesar de que el endurecimiento de la ley tiene como origen los atentados islamistas cometidos en Londres el pasado mes de julio, la mayor parte de los terroristas en prisiones francesas son de ETA. Actualmente, de los 358 encarcelados por terrorismo que hay en las cárceles galas, 159 son etarras, 94 provienen de grupos islamistas y 76 de grupos independentistas corsos.
El proyecto de ley, que será presentado en las próximas semanas ante el consejo de ministros, tiene como objetivo aumentar la presión sobre quienes apoyen logísticamente el terrorismo, presten colaboración o ayuden a estos grupos. En concreto, se doblará la pena máxima de la acusación por "asociación de malhechores con fines terroristas", cargo que suele utilizarse contra todos los etarras juzgados por tribunales galos. Sin embargo, este aumento de las condenas podrá llevarse a cabo, según "Le Monde", sólo cuando los presuntos terroristas hayan participado como autores directos, indirectos o como instigadores de atentados contra la vida humana. En estos casos, los terroristas serían juzgados por Tribunales de lo Criminal, y no por Tribunales Correccionales.
Muchos de los etarras detenidos en Francia han participado en atentados, bien mediante el robo de coches posteriormente utilizados como coches bomba, la falsificación de matrículas, el almacenamiento de armas y explosivos o la preparación de bombas. Fuentes del ministerio de Justicia han argumentado que esta mayor presión sobre los colaboradores de atentados responde al hecho de que si quienes los cometen son kamikazes, es más importante poder aumentar las condenas a terceros que no a los propios autores, indiferentes a su suerte. "No puede decirse que diez años de prisión, siete con reducción de penas, sean francamente disuasivos contra gente capaz de hacer explotar una bomba en un lugar público", comentó un consejero del ministro de Justicia al diario "Le Monde".
La incriminación de los etarras en estructuras terroristas es más fácil de determinar procesalmente, según este diario, que la de los movimientos islamistas, más dispersos y meno jerarquizados. Asimismo, el texto prevé mayores facilidades para instalar cámaras de vigilancia en lugares públicos y para almacenar los datos de conexiones telefónicas o informáticas.