Continúan las revelaciones sobre el caso del bar Faisán. Según un informe policial al que ha tenido acceso ABC, horas después de que se produjera el chivatazo y ante la negativa de Francia para proceder a las detenciones, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, primer instructor del caso posteriormente relegado, pidió a la Policía gala que pusiera en marcha la “operación Urogallo” contra la red de extorsión de ETA que desde España controlaba Joseba Elosúa y desde el país vecino José Antonio Cau Aldanur.
La intervención del magistrado, cuenta el periódico de Vocento, sobre la Policía francesa se produjo a primera hora de la tarde del cuatro de mayo de 2006, y a partir de entonces –según recoge el documento- se sucedieron contactos entre los responsables del Equipo Conjunto de investigación, formado por españoles y franceses. Se cumplía por entonces más de un mes de la declaración de la tregua-trampa.
El mencionado informe recoge los encontronazos, fuertes y permanentes, que tuvo el inspector jefe Carlos G. (responsable, por parte española, del operativo y más tarde investigar del chivatazo) con los mandos policiales galos por su insistencia para que se produjeran las detenciones -ya se había producido el soplo a ETA- y la negativa de éstos a llevarlas a cabo.
Los investigadores del país vecino alegaron hasta cuatro veces que “no tenían la correspondientes autorización de la juez Le Vert” y se llegó al punto de que las relaciones estuvieron a punto de saltar por los aires. Ocurrió a primera hora del cuatro de mayo de 2006, cuando Carlos G., ante las reticencias galas, llegó a amenazar con romper el Equipo Conjunto de Investigación. Pocas horas después, sería Marlaska quien entraría en escena.
Cuando se produjo esa conversación habían pasado sólo horas desde el chivatazo, tal y como queda recogido en la interceptación de la conversación que tuvo Elosúa con su yerno Carmelo Luquín en la que le comentó que un “madero” le había advertido de que iba a ser detenido.
Poco después, Elosúa y Luquín lograron cruzar la frontera, lo que motivó una nueva protesta de las autoridades españolas, según recoge el citado informe: “los objetivos españoles se habían desplazado hasta Bayona, habían entrado entregado a Cau varios periódicos entre los cuales se encontraba dinero” proceden del pago de un empresario y que los “servicios franceses no habían procedido a la detención en el momento de la entrega tal t como se había solicitado”. Sin amargo, y siempre según este documento, los agentes galos no actuaron porque “no tenían instrucciones de París”.
Carlos G. llegó a protestar una vez más ante las autoridades francesas, según el informe al que ha tenido acceso ABC.