L D (EFE)
Garzón recibió en la capital donostiarra el premio de la Fundación Gregorio Ordóñez por "representar la vanguardia de la lucha contra el terrorismo", en un acto al que asistieron numerosos representantes políticos y familiares de víctimas de ETA. A la entrega del premio también acudieron el vicesecretario general del PP, Jaime Mayor Oreja, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, el secretario general del PSE de Guipúzcoa, Manuel Huertas, el ex secretario general de este partido, Nicolás Redondo Terreros, la europarlamentaria socialista Rosa Díez y numerosos cargos electos y orgánicos del PP.
El magistrado fue presentado por Ana Iríbar, la viuda de Gregorio Ordóñez, edil del PP de San Sebastián asesinado por ETA en enero de 1995, quien agradeció al juez su labor en la lucha contra el terrorismo y pronunció un discurso en el que abogó por "volver a labrar" en el País Vasco "la raya que separa a los demócratas de los fascistas". En su intervención, Garzón arremetió, sin citarlos, contra los partidos nacionalistas que gobiernan en el País Vasco, cuya actitud "propicia el deterioro de la convivencia pacífica, ayuda a que se produzcan zonas de impunidad en la lucha legal y democrática frente al terrorismo y contribuye a la desprotección de las víctimas, a las que incluso se les descalifica cuando aún el dolor está caliente", dijo.
El juez calificó de "muy desalentador" que, "en clara rebeldía frente a decisiones judiciales, algunos altos responsables políticos desafían a las instituciones" cuando defienden, "a pesar de que ello quebrante la legalidad", la participación en las elecciones de "formaciones políticas que están fuera de ella", mientras que "no luchan" para que lo puedan hacer los candidatos del PP y PSE amenazados por ETA. También censuró que dirigentes nacionalistas "desconozcan otras resoluciones firmes sobre la suspensión de actividades de organizaciones y exijan, o peor aún, conminen al poder judicial a tomar las decisiones que ellos reclaman", lo que, en su opinión, atenta "contra la independencia judicial".
Abogó por la aplicación de la justicia y el Estado de Derecho como única vía para lograr la paz en el País Vasco y proclamó que "la indiferencia con los perseguidos y las víctimas, sobre todo si esta es institucional, es el cáncer de la democracia", ya que "fue lo que permitió que el régimen nazi acabara con millones de vidas". Garzón añadió que "cualquier pulso a un Estado de Derecho, cualquier negociación entre instituciones y una organización terrorista sin que ésta abandone su actividad criminal y si exigencia de responsabilidad, es contraria a la idea misma de una paz justa".
Al comienzo del acto, Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio, leyó una carta remitida por la presidenta del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, galardonada en el año 2001 y que no pudo asistir en persona a la entrega del premio. Fontaine denunció que ocho años después del asesinato de Ordóñez, de quien recordó que se iba a presentar a las elecciones municipales, "muchos de los candidatos" que lo harán en los comicios del próximo mes de mayo "no pueden presentarse libremente sin temer por su vida".
Además de en Nicole Fontaine, el premio de la Fundación Gregorio Ordóñez recayó en anteriores ediciones en el filósofo Fernando Savater (2000), las víctimas del terrorismo (1999), el municipio vizcaíno de Ermua (1998), el guipuzcoano de Hernani (1997) y los profesores universitarios que suscribieron un manifiesto contra el terrorismo (1996).
El magistrado fue presentado por Ana Iríbar, la viuda de Gregorio Ordóñez, edil del PP de San Sebastián asesinado por ETA en enero de 1995, quien agradeció al juez su labor en la lucha contra el terrorismo y pronunció un discurso en el que abogó por "volver a labrar" en el País Vasco "la raya que separa a los demócratas de los fascistas". En su intervención, Garzón arremetió, sin citarlos, contra los partidos nacionalistas que gobiernan en el País Vasco, cuya actitud "propicia el deterioro de la convivencia pacífica, ayuda a que se produzcan zonas de impunidad en la lucha legal y democrática frente al terrorismo y contribuye a la desprotección de las víctimas, a las que incluso se les descalifica cuando aún el dolor está caliente", dijo.
El juez calificó de "muy desalentador" que, "en clara rebeldía frente a decisiones judiciales, algunos altos responsables políticos desafían a las instituciones" cuando defienden, "a pesar de que ello quebrante la legalidad", la participación en las elecciones de "formaciones políticas que están fuera de ella", mientras que "no luchan" para que lo puedan hacer los candidatos del PP y PSE amenazados por ETA. También censuró que dirigentes nacionalistas "desconozcan otras resoluciones firmes sobre la suspensión de actividades de organizaciones y exijan, o peor aún, conminen al poder judicial a tomar las decisiones que ellos reclaman", lo que, en su opinión, atenta "contra la independencia judicial".
Abogó por la aplicación de la justicia y el Estado de Derecho como única vía para lograr la paz en el País Vasco y proclamó que "la indiferencia con los perseguidos y las víctimas, sobre todo si esta es institucional, es el cáncer de la democracia", ya que "fue lo que permitió que el régimen nazi acabara con millones de vidas". Garzón añadió que "cualquier pulso a un Estado de Derecho, cualquier negociación entre instituciones y una organización terrorista sin que ésta abandone su actividad criminal y si exigencia de responsabilidad, es contraria a la idea misma de una paz justa".
Al comienzo del acto, Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio, leyó una carta remitida por la presidenta del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, galardonada en el año 2001 y que no pudo asistir en persona a la entrega del premio. Fontaine denunció que ocho años después del asesinato de Ordóñez, de quien recordó que se iba a presentar a las elecciones municipales, "muchos de los candidatos" que lo harán en los comicios del próximo mes de mayo "no pueden presentarse libremente sin temer por su vida".
Además de en Nicole Fontaine, el premio de la Fundación Gregorio Ordóñez recayó en anteriores ediciones en el filósofo Fernando Savater (2000), las víctimas del terrorismo (1999), el municipio vizcaíno de Ermua (1998), el guipuzcoano de Hernani (1997) y los profesores universitarios que suscribieron un manifiesto contra el terrorismo (1996).