En una entrevista concedida a Europa Press, Juanes explica que "en este país" cualquier querella que esté "teóricamente fundada" y "bien construida" ha de ser admitida a trámite "automáticamenete y por imperativo legal", de forma que, "con independencia de que los hechos sean ciertos o no", la persona contra la que se dirige la causa asume "el concepto de imputado".
"Esto proviene de la doctrina del Tribunal Constitucional para garantizar el derecho de defensa y evitar las acusaciones sorpresivas, pero yo soy contrario a esto", señala el presidente de la Audiencia Nacional, quien se muestra partidario de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para introducir una categoría de menor relevancia que las de "imputado" (en el procedimiento abreviado) y "procesado" (en el sumario).
Esta nueva figura evitaría, por ejemplo, casos como los del senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, o el diputado Jesús Merino, que fueron llamados a declarar por el Tribunal Supremo por su vinculación con el caso Gürtel en calidad de "imputados provisionales". "Todos los imputados son provisionales", advierte Juanes.
Con la nueva categoría de "denunciado", la persona llamada a declarar a un juzgado no adquiriría la condición de imputado hasta no ser escuchado por el magistrado instructor. "Yo voy, tengo derecho a abogado y defensa y luego después tendrá que ser el juez el que compruebe si efectivamente hay base o no hay base para que a mí se me acuse", explica.
A este respecto, el presidente de la Audiencia Nacional se muestra contrario a que el juez Baltasar Garzón sea suspendido de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si finalmente se le imputa en la causa abierta por el Tribunal Supremo para investigar si cometió un delito de prevaricación en la instrucción sobre las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo.
"En tanto en cuanto sólo se trata de una querella y no ha habido ninguna comprobación mínima por parte del instructor, creo que la suspensión no procede porque el criterio que ha seguido el CGPJ es que no se suspendía salvo que lo pidiera el fiscal y aquí no lo ha pedido", señala.