La calificación provisional del caso comunicada este martes por la fiscalía también acusa a otras nueve personas junto al ex magistrado, entre ellos al hijo del propio Estevill y al abogado barcelonés Joan Piqué Vidal, para quien el fiscal pide 6 años y 4 meses de prisión y 15 años de inhabilitación para ejercer la abogacía por seis delitos de prevaricación, detención ilegal, soborno y estafa.
Otros destacados acusados en esta causa son el hijo de Estevill, J.P.F., el abogado Juan Vives Rodríguez de Hinojosa -padre-, los también letrados Alberto Salazar y Eduardo Soteras y el joyero barcelonés Rogelio Roca. El fiscal pide en su escrito que declaren como testigos en el juicio que se celebrará 43 personas, entre las que destacan el ex presidente del Banco Central, Alfonso Escámez, y el ex consejero de Economía de la Generalitat, Maciá Alavedra.
Sin embargo, en su calificación el fiscal no cita uno de los episodios que causó más polémica del caso, el de la "cena fría" que tuvo lugar en la casa de Alavedra, y donde, presuntamente, se intentó convencer al ex juez para que no encarcelase a una serie de directivos de los grupos Seguros La Estrella y Banco Vitalicio que Estevill había imputado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado hoy el auto de apertura de juicio oral contra Estevill y los otros nueve acusados, a los que se les exige el pago de fianzas civiles que, globalmente, suman cerca de 6 millones de euros.
En el juicio, por orden del TSJC, también se dilucidará si la familia de Estevill es responsable civil de las actividades del ex juez, y el fiscal ha pedido que el Estado sea responsable civil subsidiario por la antigua condición de magistrado del que también fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. El caso llegará por fin a juicio, tras siete años de instrucción, después de que el pasado mes de mayo Estevill confesase por primera vez, en una carta dirigida al TSJC, que había aceptado sobornos del abogado Juan Piqué Vidal.
El fiscal comienza relatando en su escrito que Estevill y Piqué Vidal "se esmeraron en ocultar" su estrecha y vieja amistad y "decidieron en común" hacerse cargo, el primero como juez y el segundo como abogado, de los asuntos que afectaban a personas de relevancia económica y social para "requerirles importantes cantidades de dinero a cambio de no acodar su encarcelamiento".
La acusación relata hasta 6 episodios diferentes de cohecho o extorsión que implican a Estevill y Piqué Vidal. El primero es el caso "Idapsa-Foscao" por el que, según la acusación, Estevill recibió 25 millones de pesetas, ingresados en su cuenta de Suiza a cambio de no encarcelar a unos directivos de Nutrexpa, mientras que Piqué Vidal, supuestamente, recibió 6,1 millones de pesetas.
Otro presunto asunto de soborno fue el llamado "caso Macosa" por el que, según el fiscal, tres de los acusados en la causa se inventaron una denuncia para que la instruyese el ex juez con la presunta participación de Piqué Vidal y del abogado Juan Vives Rodríguez de Hinojosa -padre-.
Según el fiscal, a cambio de que Estevill no encarcelase al presidente de Macosa, Eduardo Santos, y dejase en libertad a un directivo de esta empresa, los acusados se repartieron presuntamente un "botín" de 146 millones de pesetas, de los que 115 salieron, en forma de vales de caja, de Fecsa tras una orden de su consejero delegado, Luis Magaña, ya fallecido.
En este caso, dice el fiscal, hubo un complot para que el banquero Alfonso Escámez fuese imputado por Estevill. La acusación también relata cómo, supuestamente, Estevill presionó a tres empresarios inmobiliarios que había imputado en un caso para que ayudasen económicamente a su amigo y joyero Rogelio Roca -que también será juzgado por este caso-, que atravesaba dificultades económicos y que finalmente, según el fiscal, recibió una "ayuda" de 7,5 millones de pesetas. Lo mismo, afirma la acusación, hizo Estevill para que un grupo bancario diese trabajo en su asesoría jurídica a su hija recién licenciada.
Estevill también está acusado de alzamiento de bienes ya que, presuntamente, ocultó dinero y otros bienes para eludir el pago de una indemnización que se le impuso tras ser condenado en 2001 a 7 años de prisión por defraudar a Hacienda.