L D (Europa Press) La providencia, notificada este jueves a las partes, prevé que estas labores se prolonguen hasta el próximo 2 de diciembre y que sean realizadas por una comisión judicial para la que se han designado a tres secretarios judiciales y dos de los forenses de la Audiencia Nacional, que se trasladarán "por todo el territorio nacional (...) para la práctica de exhumación y traslado de cadáveres a la zona de cámaras del cementerio de La Almudena, donde deberán quedar custodiados".
Los cadáveres de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42, ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), se encuentran enterrados en distintos pueblos de nueve comunidades autónomas. Uno de los forenses designados para estos trabajos es posible que tenga que hacer más de 1.000 kilómetros al día, ya que está previsto que él realice la mayoría de las exhumaciones. Su compañera efectuará las necesarias en una zona de más difícil acceso.
Con esta providencia, la juez establece lo necesario para "proceder a la práctica material de lo acordado" el pasado día 8 cuando autorizó las exhumaciones y toma de muestras de los cadáveres para realizar una identificación definitiva.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha remitido un oficio a los servicios funerarios de Madrid para que colaboren con la comisión judicial en sus trabajos, y a la Dirección General de la Policía y a las respectivas Comandancias de la Guardia Civil. A la Policía le pide que establezca un dispositivo para impedir el acceso a la zona de cámaras de La Almudena mientras dure la toma de muestras y al Instituto Armado que garantice "la reserva e intimidad de la actuación" de exhumación.
Durante las exhumaciones sólo podrán estar presentes los miembros de la comisión judicial, dos empleados de los Servicios Funerarios ya designados y los familiares que hayan solicitado asistir a los trabajos. Algunas familias han pedido autorización no sólo para estar presentes en las exhumaciones, sino también en el cementerio de La Almudena durante la realización de las pruebas necesarias para determinar la identidad de los cuerpos.
Declarará un testigo
Por otra parte, fuentes jurídicas anunciaron que el próximo martes está previsto que declare como testigo el jefe del grupo de control del avión en el que viajaban de vuelta a España los militares españoles fallecidos, tras realizar labores humanitarias en Afganistán. Con este testimonio se podrán aclarar los aspectos relativos a la contratación del aparato por parte del Ministerio de Defensa.
Se trata de la única diligencia solicitada por el fiscal adscrito al caso, Fernando Burgos, que no había sido acordada por la juez Palacios en su providencia del pasado día 8, cuando autorizó las exhumaciones y citó a declarar como imputados a los generales de División en la reserva Vicente Carlos Navarro y José Antonio Beltrán, así como al capitán médico Miguel Angel Sáez y el comandante médico José Ramón Ramírez. También tomó declaración, porque lo solicitó el fiscal, al comandante auditor Alberto Ruiz de los Paños y el general de Brigada Francisco Sánchez Borrallo, ambos como testigos.
Informar a los medios
El abogado Víctor Hortal, que ejerce la acción popular en el caso en nombre de la asociación Politeia, presentó este jueves un escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 3 en el que pide que en la comisión judicial que realizará las exhumaciones se incluya al médico Marcos Pablo Rebanal Colino.
Asimismo, en su escrito solicita que los medios de comunicación sean informados por el representante del Ministerio Fiscal de las diligencias realizadas en la causa, así como del contenido de las declaraciones que se efectúan, para que cumplan su función de "informar verazmente a los ciudadanos".
El letrado justifica esta iniciativa "en este proceso en particular" por "la naturaleza de los hechos, el respeto hacia las víctimas y sus familiares y al conjunto de la sociedad". En su opinión, estas circunstancias hacen "inadmisible informar con penuria y secretismo".