L D (EFE)
El PSOE ha presentado ya una querella criminal en la que solicita prisión cautelar y "suspensión provisional de la condición de diputado electo" para Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez y que sean sustituidos por otros parlamentarios socialistas para evitar, según dicen, el "delito continuado de cohecho".
En la querella, presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también se inculpa al secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada; los empresarios de la construcción Francisco Bravo y Francisco Vázquez, y al líder de la corriente Renovadores de la Base de la FSM, José Luis Balbás. Así lo anunciaron en conferencia de prensa el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, y el diputado socialista y miembro de la Ejecutiva Federal, Diego López Garrido, experto jurista.
Anular la posibilidad de unas nuevas elecciones
López Aguilar explicó que el PSOE solicita la prisión provisional ya que se trata de un delito que está penado con hasta cuatro años de prisión y hasta seis de inhabilitación para cargo público, y ante la "posibilidad de que los querellados estén procediendo a la destrucción de pruebas". El objetivo de suspender temporalmente la condición de diputados autonómicos de Tamayo y Sáez pretende evitar que cualquier actuación parlamentaria o votación que tenga lugar durante el proceso "pueda verse contaminada" por la actuación de estas dos personas.
Acusaciones de cohecho contra el PP
Por su parte, López Garrido señaló, en una grave deducción, que el "delito continuado de cohecho tiene su manifestación" en la elección de una Mesa del Parlamento con presidencia popular. Lo matizaría López Aguilar argumentando que la suspensión cautelar y provisional de los diputados tiene que tener como consecuencia que dos diputados les sustituyan para "completar la Cámara y permitir un funcionamiento regular" de la misma "porque si no, los objetivos de ese delito se seguirían consiguiendo". Preguntado por si la propia constitución de la Mesa de la Asamblea con presidencia del PP sería parte de ese "delito continuado", López Aguilar respondió que "es evidente y está acreditado en la secuencia de los hechos, no es una dejación política del PSOE, estos dos diputados se ausentan una vez constituida la Mesa de Edad y la sesión es irreversible".
Lo peor es la prueba: "Había una trama perfectamente orquestada que produce sorpresa y perplejidad en el Grupo Socialista y sonrisas de oreja a oreja, de complacencia en el Grupo Popular".
Sobre el hecho de que en la querella se incluya al secretario general del PP de Madrid, López Garrido explicó que en la misma se relatan hechos "conocidos y de especial gravedad indiciaria de connivencia con la trama", como el que el mismo día en que se produce el "golpe a la democracia, el señor Romero de Tejada se reúne con quienes están a todas luces detrás de esa trama". La querella y su investigación podría "llevar a otros lugares, a extenderse", dijo López Garrido, quien precisó que se trata de establecer la responsabilidad penal y que "luego vendrán las responsabilidades políticas".
A modo de conclusión, López Garrido confió en que la Justicia "actúe con absoluta rapidez" y señaló que "lo que no tiene mucho sentido es que la Fiscalía General del Estado aún no haya dicho una sola palabra sobre este asunto" cuando se trata de un órgano que se mueve "con mucha rapidez cuando le interesa al Gobierno y es como una tortuga paralítica cuando se trata de temas que tocan" al Gobierno.
En la querella, presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también se inculpa al secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada; los empresarios de la construcción Francisco Bravo y Francisco Vázquez, y al líder de la corriente Renovadores de la Base de la FSM, José Luis Balbás. Así lo anunciaron en conferencia de prensa el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, y el diputado socialista y miembro de la Ejecutiva Federal, Diego López Garrido, experto jurista.
Anular la posibilidad de unas nuevas elecciones
López Aguilar explicó que el PSOE solicita la prisión provisional ya que se trata de un delito que está penado con hasta cuatro años de prisión y hasta seis de inhabilitación para cargo público, y ante la "posibilidad de que los querellados estén procediendo a la destrucción de pruebas". El objetivo de suspender temporalmente la condición de diputados autonómicos de Tamayo y Sáez pretende evitar que cualquier actuación parlamentaria o votación que tenga lugar durante el proceso "pueda verse contaminada" por la actuación de estas dos personas.
Acusaciones de cohecho contra el PP
Por su parte, López Garrido señaló, en una grave deducción, que el "delito continuado de cohecho tiene su manifestación" en la elección de una Mesa del Parlamento con presidencia popular. Lo matizaría López Aguilar argumentando que la suspensión cautelar y provisional de los diputados tiene que tener como consecuencia que dos diputados les sustituyan para "completar la Cámara y permitir un funcionamiento regular" de la misma "porque si no, los objetivos de ese delito se seguirían consiguiendo". Preguntado por si la propia constitución de la Mesa de la Asamblea con presidencia del PP sería parte de ese "delito continuado", López Aguilar respondió que "es evidente y está acreditado en la secuencia de los hechos, no es una dejación política del PSOE, estos dos diputados se ausentan una vez constituida la Mesa de Edad y la sesión es irreversible".
Lo peor es la prueba: "Había una trama perfectamente orquestada que produce sorpresa y perplejidad en el Grupo Socialista y sonrisas de oreja a oreja, de complacencia en el Grupo Popular".
Sobre el hecho de que en la querella se incluya al secretario general del PP de Madrid, López Garrido explicó que en la misma se relatan hechos "conocidos y de especial gravedad indiciaria de connivencia con la trama", como el que el mismo día en que se produce el "golpe a la democracia, el señor Romero de Tejada se reúne con quienes están a todas luces detrás de esa trama". La querella y su investigación podría "llevar a otros lugares, a extenderse", dijo López Garrido, quien precisó que se trata de establecer la responsabilidad penal y que "luego vendrán las responsabilidades políticas".
A modo de conclusión, López Garrido confió en que la Justicia "actúe con absoluta rapidez" y señaló que "lo que no tiene mucho sentido es que la Fiscalía General del Estado aún no haya dicho una sola palabra sobre este asunto" cuando se trata de un órgano que se mueve "con mucha rapidez cuando le interesa al Gobierno y es como una tortuga paralítica cuando se trata de temas que tocan" al Gobierno.