Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, Sala -valenciano de 75 años- ingresó en la carrera judicial en 1963 como número uno de su promoción, y llegó al TC en 2004, designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fue también presidente del órgano de gobierno de los jueces, al igual que del Tribunal Supremo, desde 1990 a 1996, en la última etapa de gobierno de Felipe González.
Pascual Sala, magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, fue también presidente del Tribunal de Cuentas durante dos años (1988-1990), órgano del que formaba parte desde 1982 cuando fue elegido consejero a propuesta del PSOE.
En el Constitucional, del que forma parte desde la llegada de los socialistas al poder, destacó por su postura favorable a avalar la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña casi en su totalidad.
En otro episodio relacionado con las deliberaciones sobre el Estatuto, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que estableció la prórroga del mandato del presidente, cargo entonces ocupado por María Emilia Casas, resultó recusado junto a Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps. La recusación fue finalmente rechazada.
Mientras, durante su etapa en el Tribunal de Cuentas fue muy criticado por su informe fiscalizador sobre la expropiación de Rumasa. Pese a todo ello, Sala siempre ha considerado una "irresponsabilidad" la judicialización de la política y viceversa. Ya en su etapa al frente del CGPJ aseguraba que los "jueces no están llamados a gobernar" y que no les corresponde adoptar decisiones políticas.
Sala fue fundador también de Justicia Democrática, un movimiento opositor a la dictadura desde el ámbito del derecho. Después, formó parte de la asociación progresista Jueces para la Democracia.
Pascual Sala rivalizaba por la presidencia del Constitucional con Manuel Aragón, otro magistrado del considerado como bloque "progresista" pero que se opuso a dar por bueno al Estatuto catalán. Según informa El País, fue clave para su ascenso como más que probable candidato la elección de Alfredo Pérez Rubalcaba como vicepresidente del Gobierno. El diario informa de que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, estaba a favor de Aragón. Rubalcaba también terminó ganando esta batalla.