El diputado de CiU en el Parlamento catalán, Lluís Corominas, expresó este miércoles su "sorpresa" después de que la Abogacía del Estado haya recurrido el referéndum ilegal de Arenys de Munt (Barcelona), previsto para el 13 de septiembre.
En un comunicado, Corominas dijo que la consulta no la convoca el Ayuntamiento, sino una entidad privada, el Moviment Arenyenc per la Autodeterminación (Mapa). "Por tanto, difícilmente se puede vulnerar la Ley de Bases del Régimen Local", argumento que utiliza el letrado estatal en su recurso.
Corominas también lamentó la actitud del consejero de Interior, Joan Saura, ante la consulta, por permitir la convocatoria de dos manifestaciones coincidentes –una de Falange y otra de grupos de la izquierda independentista– en Arenys de Munt el mismo día del referéndum.
ERC, en su habitual estilo, también ha criticado el recurso de la Abogacía. El diputado de la Esquerra en el Parlamento catalán, Pere Aragonès, ha exigido al delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, a que "ordene al Abogado del Estado que retire el recurso".
"O el delegado del Gobierno español ordena que se retire el recurso o nos explica por qué persigue una actividad legal sólo por el hecho de ser independentista", ha planteado Aragonès en un comunicado.
Según el diputado de ERC, "el recurso del Abogado del Estado no tiene base jurídica, sino que responde únicamente a motivaciones políticas fruto de las presiones del nacionalismo español más intransigente".
El Gobierno ha decidido finalmente recurrir el referéndum
La Abogacía del Estado considera que la consulta sobre la independencia de Cataluña convocado para el próximo día 13 en el municipio barcelonés de Arenys de Munt vulnera "la competencia exclusiva del Estado para convocar referéndum sobre cuestiones de especial trascendencia política".
Éste es el argumento alegado por el Gobierno en el recurso presentado en el Juzgado de lo Contencioso número 14 de Barcelona contra el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Arenys de Munt el pasado 4 de junio, por el que se aprobó adherirse y dar soporte a la iniciativa legislativa popular del Moviment Arenyenc per l'Autodeterminació (MAPA) para realizar la consulta.
En el recurso se pide además como medida cautelar la suspensión del referéndum, en el que se planteará la siguiente pregunta: "¿Está usted de acuerdo con que Cataluña se convierta en un Estado de Derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea".
"Resulta evidente que una consulta popular relativa a si se apoya la secesión de una parte del territorio nacional para convertirse en un Estado independiente es una cuestión de trascendencia política nacional de las mencionadas en el artículo 92 de la Constitución, que reserva la competencia para convocarlo al Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados", dice el recurso.
La Abogacía señala asimismo que la ley prevé que los alcaldes "podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos", pero siempre previa autorización del Gobierno.
Los servicios jurídicos del Estado justifican su petición de que el referéndum sea suspendido cautelarmente diciendo que la celebración del mismo "podría suponer un ejemplo en el que apoyarse otros municipios o Administraciones para vulnerar el ordenamiento jurídico (...), pudiendo dar lugar a un claro efecto multiplicador".
Añade que "tampoco puede dejarse de mencionar el perjuicio que, para la estabilidad social y política, podría derivarse del uso e interpretación de los resultados de la propia consulta, teniendo en cuenta la vinculación de los mismos con conceptos esenciales de nuestra Constitución como son la soberanía nacional y la integridad de la nación española".
La Abogacía del Estado ya elaboró un informe a principios de agosto en el que concluía que el acuerdo municipal de adhesión al referéndum vulneraba la ley y que procedía que la Delegación del Gobierno en Cataluña requiriera formalmente al Ayuntamiento de Arenys de Munt "al objeto de que acuerde su anulación".
"En caso de que dicho requerimiento no fuere atendido (...), se deberá proceder a instar la impugnación del acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa", advertía el escrito.