Dos años después de llegar a la presidencia del Tribunal Constitucional en 2004 –a los tres meses de la victoria socialista–, llegaron a manos de María Emilia Casas los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, interpuestos por el PP y también por varias comunidades autónomas y el defensor del Pueblo.
Nacido de la promesa de Zapatero a Pasqual Maragall en plena campaña, el texto estatutario recogía normas claramente inconstitucionales. La más comentada era la inclusión del término "nación" en el preámbulo, pero también destacaban, entre muchas otras, la obligatoriedad de conocer el catalán o la creación de una agencia tributaria catalana. Tras la aprobación en la norma en el Congreso y su exigua votación en Cataluña, la Generalidad se apresuró a ponerlo en práctica. Mientras, comenzaban las deliberaciones sobre el texto.
Cuatro años después, la sentencia de un texto a todas luces inconstitucional sigue sin llegar. Un fracaso de todos los magistrados y en especial de la presidenta y que evidencia la absoluta politización del tribunal.
Nada más llegar al Constitucional el Estatuto, comenzó el cruce de recusaciones para lograr una mayoría suficiente que tumbara, o salvara, el texto. Casas fue de las primeras que fue objeto de una, por haber cobrado su esposo, el profesor Jesús Leguina, de la Generalidad por un informe que sirvió de base para redactar el Estatuto. La iniciativa, presentada en octubre de 2006 por el PP, fue rechazada.
El siguiente paso fue el blindaje de Casas por parte del Gobierno con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El cambio daba vía libre a la prórroga del mandato de la presidencia, clave para evitar un fallo en contra del Estatuto al asegurarse, así, del sentido de su voto de calidad. La norma entró en vigor en mayo de 2007 y se establecía que la presidenta y vicepresidente continuaran tres años más en sus cargos. Para garantizar que el cambio saliera adelante, el Gobierno recusó a dos magistrados del TC por haber anticipado su posición contraria a la modificación.
Con Casas ya asegurada en el cargo, las cámaras de LDTV fueron testigo de unas inusitadas imágenes, captadas en el día de la Fiesta Nacional de 2007. En un palco, María Teresa Fernández de la Vega conversaba airadamente con Casas, abroncada en público mientras el fallo del texto seguía sin llegar.
Tres años y seis borradores después, la presidenta del TC se ha convertido en la encargada de redactar una nueva ponencia que someter a la votación de los magistrados, bajo la creciente presión del PSC y el nacionalismo, azuzados por las encuestas sobre la próxima cita electoral. El fallo, más o menos complaciente con ellos, continúa estando pendiente.