Una de las evidencias de la situación vasca es el notorio fracaso en materia de orden público del Gobierno vasco. Ese fracaso es fruto de la ineptitud, pero sobre todo un efecto perverso buscado, una consecuencia lógica de condiciones objetivas. El gobierno vasco se formó por dos partidos, PNV y EA, con el apoyo de Eta-Hb, que asumió un programa revolucionario (o reaccionario, es lo mismo) bajo un rótulo denominado “construcción nacional”, con el que se pusieron en marcha instituciones subversivas del orden legal, como la asamblea de municipios vascos.
Ese proyecto no tenía nada que ver con el programa que presentaron a las elecciones PNV y EA, por lo que carece de legitimidad de origen y en sentido estricto fue una especie de golpe de Estado desde arriba, un fujimorazo no consumado (lo que ha motivado el distanciamiento de Eta-Hb). Es decir, la finalidad expresa y proclamada de los partidos gobernantes fue subvertir desde el poder el orden constitucional y estatutario incluyendo propuestas de anexiones de otros territorios, como Navarra o tres departamentos franceses, lo que añade a la “revolución desde arriba” un componente de imperialismo y conflicto internacional.
Con estas propuestas, la finalidad del Gobierno vasco no puede ser mantener el orden público sino subvertirlo. Toda vez que un amplio porcentaje de la población rechaza ese proyecto nacionalista (mayoritario, a tenor de las últimas elecciones generales, en las que la propuesta de “construcción nacional” ya era conocida), el Gobierno vasco los ve necesariamente (más allá de la retórica y de las buenas intenciones) como adversarios políticos; no puede gobernar y no gobierna para ellos, y por consiguiente los desproteje en sus derechos y libertades, como obstáculos para el “nuevo orden”.
Que la Ertzaintza, por orden de su mando político Javier Balza, haya terminado agrediendo a los constitucionalistas es la lógica última de esa transvaloración golpista del mandato democrático con el que el nacionalismo gobierna, aunque sea en la confusión.
El análisis de la plataforma cívica “Basta ya” (de impronta guipuzcoana, porque no hay ya un problema vasco sino guipuzcoano) es completamente acertado y se mueve en los parámetros clásicos del derecho de resistencia. La reclamación de la Constitución y el Estatuto de Gernika como “lo que nos une” es también la defensa de un marco legal y de los derechos personales, amenazados de manera genocida por el terrorismo nacionalista, pero también por el propio gobierno vasco al haber asumido un proyecto revolucionario, que limita gravemente los derechos personales de los constitucionalistas, para establecer la autodeterminación y la secesión mediante una política de hechos consumados. La inhabilitación de la policía autónoma para frenar el terrorismo callejero es igualmente una consecuencia lógica de un gobierno que abjuró de mantener el orden y se propuso precisamente subvertirlo, es decir, alimentar el conflicto. Es lógico que el Gobierno vasco no participe en la manifestación del sábado porque es una manifestación contra el Gobierno vasco, contra ese golpe de Estado latente perpetrado por Arzalluz y su ejecutiva, y al que se sometió Juan José Ibarretxe. En ese proceso, el Ejecutivo vasco (PNV y EA) se ha quedado a medio camino (la condición era la convocatoria de elecciones al margen del marco legal en los siete territorios) por la resistencia de los ciudadanos vascos a la pinza del terror y de la desprotección (el diagnóstico más clarividente en el Parlamento vasco fue el de Fernando Buesa en su último discurso, poco después era asesinado).
Cuando Javier Balza reclama el Estado de Derecho, o la armonía entre la razón legal y la moral, está llamado a ser incomprendido como fariseo, porque él y sus compañeros de ejecutivo llevan conspirando lo que va de legislatura contra el Estado de Derecho para destruirlo: condición sine qua non explícita para la deconstrucción nacional.
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