Los estudios de la “elección pública”, de James A. Buchanan y Gordon Tullock, han desentrañado bastante el funcionamiento de los grupos organizados en una democracia como “cazadores de rentas” que buscan obtener ventajas comparativas al margen del mercado. El análisis se centraba fundamentalmente en el voto como compraventa: esos grupos o gremios negocian con los partidos el apoyo de sus afiliados a cambio de la incorporación de esas ventajas en los programas electorales.
Lo sucedido y por suceder en las subidas de los precios del crudo eleva esa cuestión a niveles en los que interviene de manera manifiesta la violencia y la agresión a terceros, que no son sólo las víctimas finales (cada ventaja la paga el conjunto de los ciudadanos) sino también los rehenes de un proceso en el que el Estado de Derecho sufre desdoro hasta quedar en un pálido reflejo. Agricultores, pescadores y transportistas han ejercido su capacidad de coacción no mediante el voto sino por las bravas, con un planteamiento que recuerda bastante “La ley del silencio”: piquetes violentos dedicados no ya a perseguir esquiroles sino a estrangular el normal funcionamiento del mercado, agrediendo los derechos de los consumidores, de la población en general. Así hemos visto como se impedía la libre circulación de los camiones de pescado, como se entraba en las Lonjas y Mercados para tirar por el suelo los productos y obligar a echar el cierre, como se bloqueaban las salidas de los centros de distribución de las gasolinas y se dejaba a ciudades y zonas sin suministro de combustibles y como se molestaba o impedía la circulación de los vehículos mediante cortes de carreteras. Todo ellos actos de violencia que nada tienen que ver con el derecho de huelga y que posiblemente constituyen un conjunto de delitos que dan lugar...a una negociación, en la que el estado cede prebendas a cambio de que se ponga fin a la violencia. Un esquema perverso.
Agricultores y pescadores ya han conseguido sus objetivos en forma de ventajas fiscales. Dado que la subida del crudo afecta a todos, y que muchos tienen el automóvil como un instrumento de trabajo, esta forma de entender las cosas es manifiestamente una ruptura de la igualdad de todos ante la Ley. Los transportistas no se dan por satisfechos y quieren más, también lo van a conseguir: la factura asciende a la nada despreciable cifra de 52.900 millones de pesetas. En nuestras sociedades –el fenómeno es europeo-, hay una curiosa tolerancia a la violencia cuando se practica en grupo, bajo criterios sindicales y mediante coartadas morales. Hay una violencia rentable.
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