Desde la escandalosa sentencia del Tribunal Constitucional condonando el atraco de Rumasa por el Gobierno del PSOE, todo lo que toca al imperio de la abeja resulta afectado, manchado o pringado. El pecado original, pecado de injusticia, sigue alcanzando a las instituciones españolas veinte años después. ¡Ni la marca de Caín!
La sentencia de la Sala Tercera del Supremo fue utilizada este miércoles por la trompetería oficialista para dar por zanjado el escándalo de Rumasa a un precio muy asequible: cero pesetas. Radio Nacional y la Agencia Efe (luego TVE) dieron casi como hecho jurídico indiscutible la interpretación de la misma por el Abogado del Estado, una exageración en los términos y una cosa muy fea en lo informativo. Al rato, salió Europa Press achacando la fuente de Efe directamente al Gobierno, de modo que lo de Rumasa se convirtió una vez más en motivo de litigio periodístico, siempre con la política al fondo.
En cuarenta y un folios, el Supremo no ha sido capaz de decir claramente qué vale, si vale algo, uno de los infinitos fragmentos de Rumasa. Y lo que no se puede entender claramente es por qué no se quiere o no se puede explicar con claridad. Se remite al justiprecio de Rumasa en conjunto, cuando se establezca. Esperemos que sea dentro de este siglo, aunque con esa prosa jurídica nos daría exactamente lo mismo esperar al siguiente. Dos billones ha costado ya que Rumasa fuera, en inolvidable frase del vicepresidente Alfonso Guerra, “tó p´al pueblo”. En términos de Estado de Derecho, la deuda parece inextinguible.
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