La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), la depositaria del 53,9% de las acciones de Iberia que el Estado pondrá el mercado, sorprendió a todos con el precio fijado para los títulos de la compañía de bandera española. 198 pesetas por acción es un precio a todas luces tan bajo, sobre todo si se compara con la banda de entre 285 y 356 pesetas establecida en el folleto de la OPV, que sólo puede calificarse de político.
Es un precio político porque un valor de las acciones más elevado podría haber desembocado en que la última fase de la privatización de Iberia concluyese en fracaso, debido al desinterés que han mostrado los inversores institucionales. La semana pasada, la Sepi tuvo que reducir en diez puntos el tramo asignado a bancos de negocios, fondos de pensiones y de inversión, etcétera, ante el riesgo de que no se cubriera la oferta de acciones. Y es que las compañías aéreas atraviesan por un mal momento bursátil, debido a la caída de los beneficios y de la rentabilidad como consecuencia del encarecimiento del queroseno, que supone un 10% de sus costes totales, y a la incertidumbre sobre la evolución del negocio en los próximos meses debido a las dudas que rodean a la economía estadounidense y a la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento económico en la mayor parte de los países industrializados.
En el caso de la aerolínea española concurren, además, otros dos factores. En primer lugar, la situación económica de Latinoamérica, en general, y de Argentina, en particular, puesto que la mayor parte de sus líneas internacionales tienen como destino esa parte del mundo. En segundo término está el Sepla, cuyas huelgas de celo han deteriorado la imagen de la compañía. Con este telón de fondo, la Sepi se arriesgaba a que Iberia debutase mañana en Bolsa sin cubrir el tramo institucional, por lo que bajó el precio para facilitar una colocación que se concluyó, in extremis, el viernes por la noche. Nadie, ni en la Sepi, ni en el Gobierno, se quiso arriesgar a lo que se perfilaba como un fracaso.
Ese mismo argumento es igualmente válido de cara a los inversores minoritarios, es decir, los ciudadanos de a pie. Si, en este contexto, el precio no es atractivo, se corre el peligro de que el debut en Bolsa de Iberia venga marcado por una caída de su cotización, como ha sucedido con buena parte de las OPVs recientes. De producirse este hecho, los compradores tenderían a pensar que el Gobierno fijó un precio que no se corresponde con el valor de la compañía con el fin de recaudar más. Y nadie quiere tampoco asumir ese riesgo.
El precio de Iberia, por tanto, es un precio político. ¿Cómo se explica, si no, que el presidente de la compañía, Javier de Irala, se haya pasado el fin de semana diciendo a los cuatro vientos que las compañías aéreas están infravaloradas?
Un precio político
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