Este lunes se ha firmado el pacto sobre reforma de la Seguridad Social entre el Gobierno, Comisiones Obreras y CEOE. UGT, finalmente, no lo ha ratificado. Una decisión incomprensible desde una perspectiva sindical y a la vista de lo que se sabe del contenido del acuerdo. En definitiva, que todas las decisiones implican mayores gastos y que se renuncia a buscar el equilibrio de la Seguridad Social a largo plazo.
Aunque todavía no se han echado las cuentas, la decisión de rebajar progresivamente las cotizaciones sociales de los mayores de 55 años, en su intento de evitar su prejubilación por parte de las empresas –posibilidad, desde ahora, abierta a todos los que tengan 61 años, hayan cotizado 30 años y lleven 6 meses en el desempleo, frente a la situación anterior en la que sólo se podían prejubilar los que hubieran empezado a cotizar antes de 1967– puede tener un altísimo coste en términos de falta de ingresos de la Seguridad Social.
Los otros cambios pactados también implican costes, en particular la subida de las pensiones mínimas de las viudas. No está claro todavía cuál es el coste total de las nuevas obligaciones que asume la Seguridad Social –hay quien habla de 500.000 millones de pesetas cuando entren en vigor todos los cambios–, pero sus consecuencias serán más agudas al haber abdicado el gobierno de cumplir lo previamente aceptado en el pacto de Toledo, que obligaba a fijar la cuantía de las pensiones en función de lo cotizado a lo largo de toda la vida laboral y no sólo de los últimos quince años, como ocurrirá a partir de 2003.
Las proyecciones de la OCDE, según las cuales el gasto por pensiones públicas en España pasará de representar el 9% del PIB actual al 17% del PIB en 2.040, son hoy más realistas que nunca anteriormente. Y ni siquiera el aumento de cotizantes a la Seguridad Social, que han pasado, de 11,8 millones en 1993, a 15,5 millones en la actualidad, resolverán esa acumulación de gasto previsible; simplemente modifican los tiempos de desfase entre ingresos y gastos, permitiendo holguras en los próximos diez o quince años, para acentuar el déficit a partir de esa fecha.
Tampoco puedo decir que me haya sorprendido el gobierno al renunciar tan rotundamente a hacer una reforma que tenga en cuenta las limitaciones del sistema de reparto. Simplemente ratifica la experiencia previa de que en esta etapa de democracia en España, que comienza en 1977, los gobiernos de turno no legislan para el futuro, sino para resolver los problemas que le pueden provocar las siguientes elecciones generales. Y en esto difiere nuestra práctica democrática de lo que ocurre en Alemania, y en la progresista Suecia, que reconocen que es imposible que las prestaciones de jubilación sigan descansando tan abrumadoramente como en la actualidad en el sistema público de pensiones.
Gobernar es gastar
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