La Comunidad Internacional podría tener las herramientas legales para evitar que 250 “niños esclavos” floten a la deriva en alta mar. Esas herramientas quizá no sean suficientes, pero los Estados deberían intentarlo. De lo contrario, el Derecho y los Tratados Internacionales no tendrían razón de ser para los ojos de la sociedad civil.
A principios del siglo XX se firmó la Convención sobre la Esclavitud. Este tratado se amplió en el año 1956, con la Convención sobre la Abolición de la Esclavitud; su artículo 3 prevé la persecución de los buques que realizan actos de transporte de esclavos de un país a otro. Los estados firmantes –España entre ellos– se comprometieron a colaborar y adoptar todas las medidas a su alcance para perseguir el comercio de esclavos.
En el año 1982, el Convenio de Montego Bay de Naciones Unidas abordaba el Derecho del Mar. Así, se concibe como Derecho la facultad de perseguir la trata de esclavos: “Ningún Estado tiene derecho a visitar un buque salvo que existan sospechas de que en él se realicen actos de piratería o comercio de esclavos”.
El Tratado de Roma de 1998 también dedicó alguno de sus apartados al tráfico de esclavos. Desde entonces, se tipificó como Crimen contra la Humanidad perseguible por cualquier estado.
La Convención sobre los Derechos de la infancia –ratificada por todos los países excepto EEUU y Ruanda– también obliga a los Estados a garantizar los derechos humanos de los niños: todos los niños del mundo, de forma incondicional e integral.
Lo que está ocurriendo en ese barco africano nos retrotrae a los tiempos en los que los barcos de los “negreros” acudían a África a por esclavos. Y lo que está pasando en el “Etireno” evidencia también que los niños son más vulnerables que los adultos y que padecen, más que ningún otro grupo, la inactividad de los gobiernos.
En este caso, no estaría mal que surgieran muchos Garzones invocando la Justicia Universal. El nuestro, ojo, está de guardia en la Audiencia Nacional y ya tiene sobre su mesa una denuncia de una asociación que le pide que investigue los hechos.
El derecho internacional permite actuar
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