Hace ahora un año, en Washington se empezó hablar de una nueva política norteamericana hacia Cuba que significaría el fin del embargo al que se oponen desde hace cuatro décadas la parte de más peso del exilio cubano. El cambio, en opinión de los comentaristas, sería posible gracias a la pérdida de influencia de los exiliados que se había hecho evidente en la acción ordenada por el gobierno Clinton, de arrancar violentamente al pequeño balsero Elián de la casa de sus familiares de Miami.
Pero doce meses y una elección presidencial más tarde, el exilio da muestras de un vigor renovado y está a punto de conseguir otra victoria contra Castro, con el apoyo, no sólo del presidente Bush que no estaría en la Casa Blanca sin el voto cubano, sino también de senadores de ambos partidos.
La Ley de Solidaridad con Cuba sigue casi al pie de la letra la propuesta hecha el pasado mes de febrero por la Fundación Cubano Americana y representa un cambio en el sentido de que la política hacia Cuba ya no se centrará en la "resistencia pasiva" del embargo, sino que adquirirá una nueva dinámica apoyando a los disidentes dentro de la isla con 100 millones de dólares en cuatro años.
La Fundación, que tuvo un papel decisivo en la creación de Radio y TV Martí y había pesado en la aprobación de las leyes Torricelli y Helms, sorprende a quienes escribieron hace un año su epitafio. Con la muerte de su fundador Jorge Mas Canosa, decían, había quedado huérfana y la nueva generación del exilio ha hecho su vida en Estados Unidos y tiene poco interés en eliminar a Castro. Pero la realidad es que Jorge Mas Santos, quien ha tomado dignamente el relevo de su padre y aprovecha la ventaja de ser totalmente bilingüe y bicultural por haber crecido en Estados Unidos, ha logrado reunir, para apoyar la ley, a senadores tan dispares como Joe Lieberman, candidato demócrata a la vicepresidencia, y el republicano Jesse Helms
La ley propuesta no trata sólo de ayudar a los disidentes, sino que podría lograr que sus filas aumentaran. Entre otras cosas, contempla la compra de productos a trabajadores cubanos por cuenta propia y becas para estudiar en los Estados Unidos, actividades que gozan de poco favor en la Cuba actual. Cinco años después de la Ley Helms-Burton, la nueva iniciativa obligará a Castro a explicar a sus súbditos por qué motivos les están vedados los dólares norteamericanos.
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