La forma en que la Junta de Andalucía ha frustrado el proyecto de fusión de las cajas de ahorros sevillanas ha puesto de manifiesto la urgencia y la necesidad de una nueva regulación de estas entidades de crédito que garantice una gestión ajena a cualquier tipo de intereses e injerencias políticas. El presidente andaluz, Manuel Chaves, ha justificado las actuaciones de su Gobierno alegando que lo que debe haber en Andalucía es una sola caja grande, y no la multiplicidad de entidades medianas y pequeñas que pueblan ahora Al-andalus. Pero detrás de las buenas intenciones siempre se esconden los intereses políticos.
Es verdad que la mayor parte de las cajas españolas son incapaces de competir en un mundo como el financiero que es el ejemplo por excelencia de la globalización. Su tamaño insuficiente les impide abordar proyectos de modernización de calado a un coste asumible para ellas y sus clientes. Un ejemplo muy claro es el de las tarjetas de crédito. Desde que Cajamadrid y La Caixa abandoron el sistema de la CECA para integrarse en la red Visa, a las restantes cajas de ahorros se les ha planteado un problema serio porque para que su red sea económicamente viable tienen que aplicar a sus clientes comisiones bastante elevadas por el uso de los cajeros automáticos. Y eso les haría perder competitividad frente a las dos cajas disidentes, frente a los bancos y frente a las entidades extranjeras que compiten o quieran competir en España.
El Gobierno es consciente de esta realidad y, por ello, en más de una ocasión ha aconsejado a las cajas que establezcan acuerdos entre ellas para ganar peso específico y capacidad de competir. El Ejecutivo nunca ha hablado abiertamente de fusiones, pero el modelo ideal del Ministerio de Economía es un mapa que tenga entre cinco y ocho cajas nada más. Desde esta óptica, los deseos de Chaves encajan con las estrategias que impone la realidad.
La trampa está en quién gobernará las entidades surgidas de la fusión de las cajas. Aquí está el problema porque lo que quiere Chaves para Andalucía es una entidad capitaneada por Unicaja, o sea, por el propio PSOE, que es a lo que se oponían los presidentes de las cajas de El Monte y San Fernando, las dos protagonistas de la frustrada fusión sevillana. Con los políticos hemos topado. Con los políticos y sus intereses porque lo que no está nada claro en toda esta operación es que la existencia de una sola caja andaluza sea lo más adecuado. Hay otras muchas posibilidades, mejores y más eficientes, aunque eso implique acuerdos suprarregionales --¿qué hay de malo en ello si todas son cajas españolas?--, pero a Chaves eso no le importa. Lo que cuenta para él es tener el control político de todas las cajas andaluzas a través de una macrofusión.
Las cajas, sin embargo, no son, por su naturaleza, entidades políticas, sino financieras. Por tanto, los criterios y estrategias que deben aplicarse en su gestión son los mismos que para el resto de entidades crediticias. Otra cosa es condenarlas a la falta de eficiencia y a la mala gestión que tantas dificultades les ha creado ya en el pasado. Por ello, se hace cada vez más urgente una reforma de las cajas que, entre otras cosas, reduzca la presencia política en sus consejos de administración. El problema es a quién se le traspasa esa participación porque aquí no hay accionistas y las asociaciones de impositores o están controladas por los propios partidos políticos, o están manejadas por el equipo directivo de las cajas. Y la solución, desde luego, exige encaje de bolillos. Pero hay que hacerlo.
Despolitizar las cajas
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